Derrumbe de la aprobación de las principales instituciones

En el Perú, como en diversos países del mundo, los inversionistas locales y extranjeros no se limitan a las oportunidades de negocio que se les presentan en una economía con fundamentos macroeconómicos estables. Para sus decisiones empresariales también toman en cuenta factores como la estabilidad jurídica de un país, los conflictos sociales, la corrupción y la inseguridad ciudadana, entre otros.

Según una reciente encuesta nacional de la empresa Datum Internacional, difundida por Perú 21, se está derrumbando el nivel de aprobación de las principales instituciones del Perú. Así tenemos que en una escala de 0 a 20, en el mes de octubre del presente año el Gobierno alcanza apenas una puntuación de 10.3 (en julio obtuvo 9.4), el Congreso alcanza un 5.8 (en julio obtuvo 6.2), el Poder Judicial alcanza un 6.0 (en julio obtuvo 7.2) y la Fiscalía de la Nación alcanza un 6.5 (en julio obtuvo 8.5).

Estos preocupantes resultados afectan la estabilidad política y no generan un clima de confianza en la población, lo cual es negativo para el país. Y considero que son fruto de la percepción de la población de que la gestión de las citadas instituciones no está tomando con firmeza las medidas que les corresponden para combatir los principales problemas del país, como son la corrupción, la inseguridad ciudadana y las trabas burocráticas. Tampoco percibo señales de cambios estructurales en muchas de las entidades del Estado, a pesar de las nefastas cifras en la gestión del pasado Gobierno.

Recordemos que en el año 2017 se incrementó en 1% el índice de pobreza en el país, un problema que afecta a casi siete millones de peruanos. La presión tributaria (ingresos como porcentaje del producto bruto interno) del Perú apenas alcanzó un nivel de 12.9% del PBI, y la tasa de crecimiento económico apenas alcanzó el 2.5% del PBI, entre otros resultados negativos.

En tal sentido, mientras no se perciba que las principales instituciones del país, en el ámbito de sus competencias, enfrentan con firmeza y transparencia a la corrupción, enfrenten con estrategias adecuadas a la inseguridad ciudadana y realicen cambios estructurales en muchas de las entidades del Estado (con ajustes no solo en los procesos, sino también en los recursos humanos a todo nivel, empezando por el directivo), considero que el derrumbe de la aprobación de esas institucione lamentablemente se mantendrá en los próximos meses. Y que ello influirá negativamente en los inversionistas, tanto locales como extranjeros, afectando el clima de negocios en el país.