Martín Taype
Corrupción: un obstáculo para el progreso del Perú
En 2023 se perdieron más de S/ 24,000 millones debido a la corrupción
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Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, evalúan no solo la estabilidad macroeconómica de un país al tomar decisiones empresariales, sino también otros factores como la estabilidad política, los conflictos sociales, la corrupción y la inseguridad ciudadana. En el Perú, la corrupción se ha convertido en un obstáculo crítico para el desarrollo y el bienestar social.
La corrupción impide el correcto uso de los recursos públicos, afectando la calidad de vida de los ciudadanos. Combatirla y sancionarla es responsabilidad del Estado, con el apoyo de una prensa independiente y una ciudadanía vigilante. Sin embargo, la efectividad de esta lucha depende de un Poder Judicial objetivo, eficiente y eficaz.
Este problema ha persistido a lo largo de la historia republicana del Perú, erosionando la confianza en el sector público y privado. Las denuncias constantes de corrupción en la gestión gubernamental actual refuerzan la percepción de que se trata de un mal endémico en el país. Según la Contraloría General de la República, en 2023 se perdieron más de S/ 24,000 millones debido al robo, la ineficiencia y el despilfarro. Esto resulta inaceptable en un país donde casi un tercio de la población vive en pobreza y más del 50% sufre inseguridad alimentaria, según datos del INEI y la FAO.
El problema se agrava con datos recientes: entre agosto y diciembre de 2024, la Contraloría detectó un perjuicio económico de S/ 478.3 millones en 1,413 informes de auditoría y control. Estos hechos confirman que la corrupción es insostenible e inaceptable, y su erradicación no puede seguir postergándose. Mientras unos se enriquecen ilícitamente, la mayoría de los peruanos trabaja arduamente para subsistir. Es urgente un cambio en la dirección del Gobierno y una justicia implacable contra los responsables, con un endurecimiento de las sanciones dentro del marco legal.
La lucha contra la corrupción no solo requiere la acción del Estado, sino también el compromiso de la ciudadanía que debe denunciarla y combatirla. Además, es crucial formar a las nuevas generaciones con sólidos valores éticos y morales. Solo así se podrá recuperar la confianza en las instituciones públicas y privadas, y el Perú podrá aspirar a un futuro próspero y justo, libre de la lacra de la corrupción.
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