Burocracia y competitividad en 2026

Ya iniciado el año 2026, se consolidan retos de alta competitividad para las organizaciones y los países en un mundo multipolar donde la única constante es el cambio. Este escenario está marcado por un entorno económico y geopolítico externo adverso. En ese contexto, la burocracia no debe convertirse en un laberinto costoso, lento e intrusivo que sofoque la iniciativa privada, limite la formalización y ahuyente la inversión.

Si bien la burocracia, en su sentido conceptual —como la planteó Max Weber—, cumple una función necesaria para ordenar y dar previsibilidad a la gestión pública y privada, no puede transformarse en una traba. El exceso de trámites y requisitos para acceder a un servicio, ya sea en una organización pública o privada, termina elevando costos, generando informalidad y deteriorando la confianza ciudadana.

En esa línea, el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida realizó una investigación sobre el Índice de Burocracia 2025, definido como “una métrica que exhibe el tiempo —medido en horas— que exigen los trámites burocráticos a las empresas, tanto para su apertura como para mantenerse en funcionamiento formal y legalmente”.

La edición 2025 del índice se enfocó en la mediana empresa y amplió su alcance a 21 países: 16 de América Latina, dos de la Commonwealth del Caribe y tres europeos. Entre ellos se incluyen Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guyana, Honduras, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Uruguay. Para facilitar el análisis, los trámites se agruparon en dos grandes categorías: cinco asociados a la apertura de empresas y tres vinculados a su funcionamiento. En ambos casos, nuestro país se ubica en los últimos lugares. La investigación fue publicada en septiembre del año pasado y puede consultarse aquí.

Si bien estos resultados son referenciales, no podemos vivir de espaldas a la realidad. En nuestro país, muchas organizaciones mantienen prácticas burocráticas que no facilitan las gestiones de los ciudadanos, solicitando o dilatando innecesariamente trámites que deberían resolverse con rapidez. Resulta inaceptable observar, en instituciones públicas, largas colas para realizar gestiones básicas o servidores públicos exigiendo documentos de manera subjetiva, cuando las propias entidades cuentan con herramientas tecnológicas para verificar información y despejar dudas de forma inmediata.

En este sentido, es fundamental un cambio de rumbo en la gestión del Gobierno. La transparencia debe ser uno de sus pilares, junto con la eliminación efectiva de las trabas burocráticas en las instituciones públicas. Este esfuerzo debe ir acompañado de una lucha frontal contra problemas estructurales que alimentan la ineficiencia administrativa, como la corrupción sistemática y la creciente inseguridad ciudadana. Solo así será posible promover el emprendimiento y atraer inversión privada con responsabilidad social, en un contexto internacional complejo.

No se trata únicamente de rediseñar procesos o de cambiar directivos por decisiones discrecionales. Es urgente revalorizar el talento humano en todos los niveles, desde los puestos operativos hasta los cargos directivos, bajo una meritocracia real basada en competencias, desempeño y resultados. Asimismo, la digitalización de trámites, la interoperabilidad entre instituciones y la implementación de ventanillas únicas deben dejar de ser promesas y convertirse en prácticas efectivas. El país necesita instituciones eficientes, capaces de brindar servicios rápidos, simples y oportunos a los ciudadanos.