¡No enturbien el proceso electoral!

En el Ministerio Público se acaba de ordenar que se desarrollen diligencias preliminares en contra del partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, y el partido País para Todos, en el que milita Carlos Álvarez, diligencias que podrán culminar en la ilegalización de los señalados movimientos y en la imposibilidad de Fujimori y Álvarez de presentarse a las próximas elecciones.

Si uno analiza las razones que justifican el inicio de diligencias preliminares todo asemeja más a un acto político que a una verdadera investigación. Por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular se menciona el caso cócteles, los mamanivideos, supuestas denuncias infundadas de fraude electoral en el 2021 y las declaraciones públicas de Fujimori y las actividades de redes sociales.

En el caso de Álvarez se mencionan su propuesta de aplicar la pena de muerte a los violadores de menores de edad, la iniciativa de expulsar a los delincuentes extranjeros, sus críticas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la iniciativa acerca de que el Perú se retire de la competencia de dicho tribunal.

Si se reflexiona sobre el tema, las cosas indican que más bien se trata de una respuesta política del Ministerio Público a la movilización general en el Congreso para desarrollar una reforma integral de la Fiscalía, en la que Fuerza Popular tiene protagonismo. Como todos sabemos, la judicialización de la política y la ineficacia en el procesamiento a los delincuentes comienza a levantar un clamor para reformar el Ministerio Público.

Sin embargo, este tipo de acciones y reacciones pueden terminar enturbiando el proceso electoral, porque en Fuerza Popular y en País para Todos se puede argumentar persecución política e intento de excluirlos de los sufragios nacionales. Las diligencias preliminares en contra del movimiento de Álvarez apuntan a opiniones y propuestas y al legítimo ejercicio de la libertad de expresión. Es evidente que los dos señalados movimientos no han acumulado ningún antecedente que justifique el desarrollo de investigaciones preliminares.

Por otro lado, la decisión del Ministerio Público, a nuestro entender, terminará favoreciendo a Keiko y Álvarez porque ambos políticos se victimizarán frente a una eventual persecución política. En otras palabras, más propaganda, más exposición y más posibilidad de pasar mensajes.

Sin embargo, es deber de todos los peruanos de buena voluntad y de todas las instituciones preservar el desarrollo del proceso electoral y evitar las acciones que enturbien los comicios. Suficientes problemas y adversidades tenemos con la reforma progresista que balcanizó la política nacional con más de 30 candidatos presidenciales.