Alegato sobre Martín Vizcarra

El Código Penal Peruano, en su artículo 319, tipifica el genocidio como la conducta de quien, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, social o religioso, comete actos de exterminio. Este tipo penal exige un elemento esencial: la intención específica de aniquilación.

En el caso de Martín Vizcarra, lo que la justicia ha investigado y continúa procesando son delitos de corrupción, colusión y negociación incompatible. Sin embargo, más allá de lo estrictamente jurídico, resulta imposible ignorar que sus actos de codicia, negligencia y deshumanización durante la pandemia provocaron la muerte de más de 200,000 peruanos. Médicos y enfermeras de la primera línea, ciudadanos indefensos que confiaban en la protección del Estado, fueron condenados a la muerte por decisiones ineficaces y, muchas veces, dolosamente interesadas.

Vizcarra gobernó como un déspota: disolvió el Congreso, gobernó a sola firma con decretos, repartió recursos a discreción y silenció a gran parte de la prensa con millonarias partidas de publicidad estatal. Mientras tanto, se adquirían pruebas rápidas inútiles, mascarillas que no protegían y vacunas a precios inflados, y se demoraba criminalmente la compra de vacunas seguras, como las de Pfizer. El propio Vizcarra se vacunó en secreto, mientras miles de peruanos morían asfixiados sin oxígeno.

Jurídicamente será difícil sostener que Vizcarra actuó con la intención genocida que el Código Penal exige. Pero tampoco puede tratársele como a un simple corrupto más. El derecho penal ofrece alternativas: el análisis de una omisión impropia en la que, siendo presidente y garante de la vida de los peruanos, incumplió su deber esencial de protegerlos. Esta figura puede encajar en homicidios culposos masivos o incluso en delitos contra la humanidad, si se demuestra una política sistemática de desatención y ocultamiento.

Políticamente y moralmente, Vizcarra encarna a los personajes más oscuros de la historia y la literatura. Como Thénardier, en Los miserables, explotó, mintió y saqueó sin escrúpulos. Y aunque no llegue al grado monstruoso de un Josef Mengele, comparte un rasgo en común con los mayores criminales: la cosificación de las víctimas, tratadas no como seres humanos sino como obstáculos frente a la codicia y al poder.

La justicia, por ello, debe ser ejemplar. El castigo que corresponde a Vizcarra no puede limitarse al reproche menor de un corrupto común. Su lugar en la historia es el de los gobernantes infames, aquellos cuya ambición desmedida cobró la vida de miles. A él no se le debe solo condenar: se le debe desenmascarar y recordar como lo que fue, un traidor a su pueblo.