Si elegimos bien el 2026, ¡el Perú se dispara!

El Perú o el sistema democrático o la institucionalidad peruana –como pretendan calificar al sistema los politólogos– ha enfrentado la peor de las pruebas a que se somete a una sociedad: elegir al peor candidato de la historia republicana o al menos preparado. Cuando un fenómeno de ese tipo sucede un sector de la ciencia política suele señalar que la sociedad se ha enfermado políticamente. Sucedió en el pasado en Alemania con el encumbramiento de Hitler y unas décadas atrás en Venezuela con la emergencia de Hugo Chávez.

Sin embargo, las sociedades que eligen al peor, generalmente, son destruidas económica e institucionalmente, y su reconstrucción demanda décadas e, incluso, la ayuda internacional. La democracia, pues, conlleva el devastador peligro de elegir al peor. No obstante que el Perú eligió al peor a la luz de la situación institucional y económica de la actualidad se puede sostener que no hemos sido destruidos. Mal que bien, a pesar de la abrumadora desaprobación, el funcionamiento del Ejecutivo, del Congreso al lado del Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y otras instituciones, nos indican que se ha preservado el Estado de derecho, más allá de la evidente erosión de las instituciones.

Asimismo, los fundamentos de la economía y las bases del régimen económico de la Constitución continúan. El descontrol del déficit fiscal por tercer año consecutivo que se avecina no ha implicado el cuestionamiento de la autonomía de nuestro gran Banco Central de Reserva; los rescates irresponsables de Petroperú no han significado el surgimiento del Estado empresario ni la vuelta a la regulación de precios y mercados. 

El modelo sigue respirando con fuerza en medio del surgimiento de un Estado burocrático que, con la multiplicación de ministerios y oficinas, con el incremento de las sobrerregulaciones y el empoderamiento de los burócratas, se convierte en el principal enemigo de la inversión privada y el modelo económico de la Constitución.

¿A qué vamos? Si el Perú elige bien en el 2026 y construye una mayoría estable en la cámara de diputados y el Senado y crea predictibilidad en el sistema político e institucional, primero, restablecería el principio de autoridad democrático devorado por la anarquía generada con la sucesión de seis jefes de Estado en un tiempo en que debió haber dos. Y, segundo, la sola idea de estabilidad política relanzar el crecimiento económico a niveles impensados.

No obstante, ¿qué sucedería si esa estabilidad y predictibilidad política van acompañadas de algunas reformas? Por ejemplo, el fin del Estado burocrático, una reducción de oficinas, sobrerregulaciones y gasto estatal considerables; una reforma tributaria, otra laboral y el relanzamiento de las inversiones en infraestructuras a través del modelo asociaciones público-privadas, en vez de los acuerdos de gobierno a gobierno que generan excesivas interrogantes. Y si a estas reformas le agregamos las transformaciones de nuestro sistema educativo y sanitario para crear un capital humano saludable, educado y capaz de innovar y competir en las tendencias del mercado mundial, entonces, el Perú avanzaría a convertirse en un Singapur continental en libertad.

A pesar de la tragedia que representó la elección de Pedro Castillo los peruanos tenemos intactas las posibilidades de relanzar el país. En comparación, por ejemplo, al gradualismo de Javier Milei, que enfrenta las resistencias de una sociedad mercantilista forjada en décadas, en el Perú el ajuste inevitable que debe desarrollar una próxima administración responsable, es mínimo, aunque ajuste finalmente. 

Estabilidad, ajustes y reformas parecen ser las claves del relanzamiento del Perú; variables que solo serán posibles si los peruanos no se equivocan en la elección del 2026.