Las consecuencias de la sentencia a Martín Vizcarra

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial condenó al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión por haber recibido S/ 2.3 millones –según la sentencia de la corte– de las constructoras Obrainsa e ICCGSA a cambio de favorecerlas en las licitaciones de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Los hechos sucedieron a inicios de la segunda década del nuevo milenio, cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua.

La sentencia a Martín Vizcarra, a nuestro entender, tendrá efectos devastadores en la izquierda progresista, en la llamada izquierda caviar, que defendió al expresidente –como se dice– a capa y espada- de las acusaciones penales y políticas que enfrentó. Más allá de la sentencia penal al exmandatario –que, al parecer, será una de las primeras– el régimen de Vizcarra marca un punto de inflexión en el sistema político peruano de las últimas décadas. ¿A qué nos referimos? Es evidente que la persecución política y los excesos de la justicia siempre han existido en el país, incluso en los gobiernos más respetuosos de las formas. Sin embargo, durante el gobierno de Vizcarra se llegó al paroxismo de pretender eliminar a toda la oposición política.

La persecución a Alan García y a Keiko Fujimori forman parte de esta terrible puesta en escena. Hoy sabemos que el principal motivo fue político. El inconstitucional cierre del Congreso, invocándose una figura que no existe en la Constitución (la negación fáctica de confianza), y el referendo previo en que se promovió la destrucción del sistema político de partidos forman parte de ese libreto que, sin embargo, la izquierda progresista celebra como expresión de las mayorías y propuestas de reformas política.

Vizcarra en su mejor momento concentró un poder soberbio. Más del 80% de aprobación ciudadana, control político de las fuerzas armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Semejante influencia le permitió cerrar el Congreso con gran apoyo de la gente y darse el lujo de reclamar la constitucionalidad para el evidente golpe.

Otro de los hechos devastadores en la retina de los peruanos fue el terrible manejo de la pandemia que desencadenó cerca de 220,000 muertes y el famoso “Vacunagate” cuando Vizcarra se vacunó primero, cuando la gente se moría por falta de oxígeno.

¿Por qué recordamos esta acumulación de despropósitos, desgobierno y cinismo que, sin embargo, contaron con el incondicional apoyo de sectores de la izquierda progresista? Por la sencilla razón de que, a diferencia de los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala –igualmente sentenciados– Vizcarra sigue haciendo política. Pretende convertirse en un mártir e incluso desarrollar protagonismo en las presentes elecciones.

Vizcarra representa un terrible momento de inflexión en el sistema político, en el que en que se pierden todas las formas y el adversario político pasa a ser un factor que debe eliminarse. La negativa del asilo a Alan García, dos veces elegido como jefe de Estado de los peruanos, es un momento oscuro de las pasiones que desató el moqueguano. Y paradójicamente, para avanzar en la eliminación de los rivales, el régimen vizcarrista utilizó a las instituciones de justicia como armas políticas.

Sin negar los errores del fujimorismo luego de la elección de Pedro Pablo Kuzcynski en el 2016, es incuestionable que sin los estropicios de Vizcarra no se puede explicar la llegada de Pedro Castillo al poder. Luego de la persecución y destrucción de todos los políticos y movimientos anticomunistas de todas maneras tenía que llegar el colectivismo, el representante del eje bolivariano.

La sentencia a Vizcarra, pues, acaba con el sueño de la izquierda progresista de tener su propio dictador o líder autoritario. Igualmente, los cuatro jefes de Estado recluidos en el Fundo Barbadillo representan la notificación directa de que la izquierda –en ninguna de sus versiones– no puede reclamar una superioridad moral en la lucha contra la corrupción en el país.