Únicamente el sector privado crea riqueza y reduce pobreza

En la campaña electoral hacia el 2026 todos los candidatos deben ser interpelados alrededor de un tema central: cuál es el sector que crea la riqueza y reduce la pobreza. Los sectores de la izquierda en todas sus versiones responderán que la creación de la riqueza depende de una dialéctica entre el Estado y el sector privado. Una respuesta que es una media verdad y que puede esconder una estrategia de burocratización del aparato estatal. Es decir, el camino a la colectivización que se aplica en las sociedades occidentales.

En realidad, la respuesta, a la luz de toda la historia moderna, es indiscutible: solo el sector privado crea riqueza y reduce pobreza. El Estado solo redistribuye la riqueza creada por las empresas, que se recauda a través de los impuestos. Si se mata a la gallina de los huevos de oro no hay riqueza.

Si partimos de que la única fuente de creación de riqueza y de reducción de pobreza es el sector privado, entonces toda la discusión comienza a organizarse de manera transparente. En ese sentido, el Estado cumple un papel absolutamente subsidiario –tal como lo establece nuestra Constitución– y las oficinas del Estado, las leyes, reglamentos y procedimientos deberían estar al servicio de la creación de la riqueza. Una decisión de ese tipo significa un Estado pequeño, pero eficiente, capaz de hacer valer la vigencia de la Constitución y la ley frente a las tendencias de la anarquía y la amenaza de las economías ilegales que suelen avanzar en contra de los derechos de propiedad y la vida protegidos por el orden constitucional del país. 

Si la respuesta de algún candidato es que el Estado es la fuente de la riqueza y la reducción de la pobreza, entonces tendremos la propuesta de un comunista o un colectivista en general. Y el debate electoral se habrá organizado de manera franca y directa.

En realidad, la definición sobre qué sector crea la riqueza en una sociedad organiza todo el debate y las reformas en la sociedad, desde el asunto tributario, pasando por el tamaño del Estado, hasta la propia legislación laboral. Por ejemplo, en el Perú la ausencia de una clara definición alrededor de este asunto entre los principales líderes políticos explica que sea casi imposible imaginar una reforma tributaria que reduzca impuestos y simplifique el sistema de cobros con el objeto de trasladar recursos del Estado al sector privado. Un objetivo de ese tipo no es posible porque nadie quiere reducir el actual Estado burocrático.

Igualmente, la legislación laboral del Perú no tiene nada que ver con el espíritu desregulador de la Constitución Política. En el 2001, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) estableció que el trabajador despedido tiene derecho a optar por la indemnización que establece la ley o la reposición en el puesto de trabajo. Es decir, se establecía una especie de estabilidad laboral absoluta, como si las empresas privadas crearan empleos al margen de la productividad y la rentabilidad, tal como lo hace el Estado.

Si el Estado es la fuente de riqueza en la sociedad entonces la decisión del TC en el tema parece acertada, pero si la empresa privada es la creadora de prosperidad estamos ante un despropósito descomunal, que explica que el 75% de los trabajadores del Perú permanezcan en informalidad, según la propia OIT. La legislación laboral peruana en este aspecto es similar a la legislación laboral de la República Plurinacional de Bolivia, que el presidente Rodrigo Paz deberá desmontar.

Es incuestionable, pues, que la definición sobre la fuente de creación de la riqueza es determinante para los alineamientos ideológicos y las propuestas que se plantearán en el presente proceso electoral.