Serenidad, estabilidad y Estado de derecho

Más allá de la incuestionable irresponsabilidad de Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y César Acuña en la vacancia de Dina Boluarte y la designación de José Jerí en la jefatura de Estado –en su condición de presidente del Legislativo–, a pocos meses de las elecciones generales y cuando el país volvía a crecer por la precaria estabilidad política alcanzada, los peruanos de buena voluntad deben promover la serenidad, la estabilidad y la continuidad del Estado derecho. En ese sentido, es inaceptable la propuesta de la izquierda de avanzar a una nueva vacancia. De ninguna manera, los peruanos de buena voluntad deben permitirlo.

A nuestro entender no había un solo argumento que cambiara las evaluaciones de los últimos dos años con respecto a las ineficiencias del gobierno de Dina Boluarte. Finalmente, era evidente que la solución de la ola criminal iba a recaer, principalmente, en la nueva administración a instalarse el 2026. Parecía imposible que el gobierno de Boluarte resolviera la crisis de la policía nacional del Perú (PNP), que había causado la izquierda con el cese de 18 oficiales generales; igualmente, no parecía viable resolver el grave problema de la politización de un sector del Ministerio Público que considera a las fuerzas de seguridad como rivales ideológicos y favorece el avance de la criminalidad.

¿Cuál fue entonces el motivo de la decisión de la vacancia? El simple cálculo electoral de las fuerzas de la centro derecha que se tragaron la narrativa acerca de que el respaldo de las bancadas legislativas al Ejecutivo – tal como ordena la Constitución– era el peor adversario para las campañas electorales. En la ciudadanía no había ese tipo de asociación. Precisamente, por ese motivo las fuerzas de la centro derecha seguían encabezando todas las encuestas y no asomaba ningún candidato de la izquierda.

La vacancia de Dina Boluarte y la designación de José Jerí y los cuestionamientos que han surgido posteriormente nos han trasladado de una estabilidad precaria –permanentemente azotada por la ola criminal– a una interrogante sobre el futuro político del país. En este contexto se convoca una marcha para el 15 de octubre buscando vacar al nuevo Presidente.

Creemos que la sociedad debe serenarse y apostar por la estabilidad. Cualquier cuestionamiento a Jerí o cualquier investigación debe procesarse luego de su mandato, tal como lo ordena la Constitución Política del Perú. De lo contrario se podría abrir una época de anarquía institucional generalizada; pero no habría ninguna justificación para semejante inestabilidad, excepto la voluntad de las minorías, de las izquierdas, de asumir el poder para controlar el proceso electoral.

En cualquier caso, la virtual anarquía institucional en que podría embarcarse el país por los graves yerros de los líderes de la centro derecha –es la única explicación– contrasta radicalmente con la estabilidad de la economía, con los índices de la inversión privada y crecimiento y con la estabilidad del sol peruano frente a los movimientos del dólar.

Sin embargo, vale señalar que la estabilidad de la economía, si bien tiene que ver con la impecable actuación de nuestro BCR, también tiene que ver con la estabilidad política alcanzada con la transición que encabezó Dina Boluarte luego del golpe de Pedro Castillo, una transición que fue posible porque se evitó la vacancia y la estrategia del adelanto electoral que impulsaban las izquierdas.

Es hora, pues, de evitar la anarquía y afirmar el Estado de derecho.