Alianza del Pacífico: Perú rezagado en formalización minera

A propósito de la Cumbre Empresarial Perumin 33, la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, señaló que México, Colombia, Perú y Chile, países que integran la Alianza del Pacífico, están trabajando en el intercambio de experiencias para promover la pequeña y mediana minería. Pero eso no fue todo, Aljovín se comprometió en mucho más al sostener que “en la Declaración de Cali se consideró el tema minero, donde se decidió que los países de la Alianza del Pacífico tienen que intercambiar experiencias para el desarrollo de la pequeña y mediana minería, incluyendo el tema de formalización”, aseveró.

Si bien en todos los países de la Alianza del Pacífico se presentan los mismos problemas que atraviesa nuestro país —como el referido a la diferenciación entre un mineros informales e ilegales, y la criminalización de estas actividades— es incuestionable que el Perú se ha convertido en el país de la Alianza del Pacífico en el que más se excluye y se criminaliza la actividad del minero artesanal.

Los ejemplos de la animadversión contra el minero informal sobran. Por ejemplo, el DL N° 1105, promulgado por el nacionalismo, considera que el minero artesanal (aquel que no cuenta con papeles y carece de los requisitos técnicos, sociales, ambientales y administrativos para ejercer la industria) debe calificarse como “minero ilegal”. De otro lado, el Ejecutivo pepekausa promulgó un decreto legislativo que establece que “la minería ilegal” debe procesarse como parte de los delitos de crimen organizado. En este contexto, todos los mineros informales podrían ser encausados por crimen organizado.

El Gobierno pepekausa, entonces, ha continuado con las políticas del ex ministro nacionalista, Manuel Pulgar Vidal, que buscaban excluir a los mineros artesanales de la legalidad y que transformaron a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en organismos que aplastan cualquier política de formalización con la imposición de sanciones, multas, embargos y la correspondiente política de interdicción de activos. Ante esta situación, la Central Nacional de Mineros del Perú (Cenami), organización de los pequeños mineros, está convocando un paro nacional indefinido para el próximo 6 de noviembre.

El gobierno pepekausa, a través del DL N° 1336, también pretendió eliminar las cerca de cien plantas formales e informales de beneficio que le compran el mineral a los mineros artesanales, estableciendo que no se podía considerar pequeño minero al emprendedor que le vendía su producción a un tercero. Es decir, se exigía que el minero artesanal tuviese una mina y la planta respectiva de procesamiento. El Congreso derogó la norma, el Ejecutivo no quiso promulgarla, pero el Legislativo insistió.

A diferencia del Perú, en México el Fideicomiso de Fomento Minero impulsa la creación y el reflotamiento de las llamadas “plantas de beneficio”, por parte de los gobiernos estatales (existen más de 110 en total). El proyecto del gobierno federal está pensando, principalmente, como apoyo al minero artesanal (aquel emprendedor que genera menos de cien millones de peso al año). El pequeño minero tiene la posibilidad de vender su producción a las plantas promovidas por el Estado o a una gran empresa minera. ¿Por qué entonces se busca eliminar las plantas de beneficio en el Perú? Nadie lo entiende.

Pero los contrastes aumentan con respecto a la manera cómo el Estado en Chile apoya a la pequeña y mediana minería. La Empresa Nacional de Minería (Enami) compra la producción de los pequeño mineros —al igual que las plantas en el Perú— y promueve las actividades de los pequeños y medianos mineros otorgando créditos hasta por US$ 100,000 con una tasa de 2.5% anual. Algo más. La última Expo Enami 2017 —en La Serena, en la región de Coquimbo—, que organizó la Empresa Nacional de Minería de Chile, fue inaugurada por la ministra de Minería, Aurora Williams. En el Perú un hecho parecido sería impensable.

Como se aprecia el Perú es el país más rezagado de la Alianza del Pacífico en cuanto a políticas de formalización minera, debido a las influencias del ambientalismo de izquierda y los criterios oligárquicos de quienes consideran que la minería solo debe ser desarrollada por grandes empresas. El gran problema de la posición del Ejecutivo es que entrega a las influencias de las propuestas antisistema a una fuerza social de más de 400,000 mineros artesanales, cuya naturaleza es proempresa, promercado y procapitalismo. Una verdadera locura.