Los incentivos perversos

“Cuando el hombre libre que produce es tratado como un criminal, y
el burócrata que roba es tratado como un líder, lo que tienes es el final
de una civilización” (Ayn Rand). 

La Comisión de Trabajo del Congreso de la República acaba de aprobar el Proyecto de Ley N.º 9744/2024, que propone otorgar incentivos económicos a los inspectores de Sunafil en función del incremento en la recaudación por multas. Actualmente, las sanciones impuestas a una microempresa pueden llegar a S/ 3,638; en el caso de pequeñas empresas, hasta S/ 40,967; y para empresas que no califican como pymes, hasta S/ 281,035, dependiendo del tipo de infracción.

Según el INEI, la población económicamente activa del Perú asciende a 17.32 millones de personas, de las cuales el 70.9% trabaja en la informalidad, cifra que se eleva al 95% en las zonas rurales. Es decir, más de 12 millones de peruanos están en condición laboral informal, y por tanto, altamente expuestos a la interpretación arbitraria de la normativa por parte de las autoridades.

Recuerdo lo que ocurrió cuando se levantó la orden de inamovilidad tras la pandemia. Gamarra había estado completamente cerrada por más de 100 días. Las 29 rejas de seguridad en su perímetro la convirtieron en una ciudad fantasma: sin clientes, con todo el capital de trabajo y la mercadería inmovilizada. Miles de pequeños emprendedores —muchos de ellos semiformales— quebraron. Luego vinieron las absurdas condiciones para reabrir: aforos restringidos, distancias entre máquinas que imposibilitaron la producción, y la consecuencia inmediata fue la migración de talleres a distritos colindantes.

Finalmente, el Estado apareció, pero no con ayuda. El entonces alcalde George Forsyth envió a 1,200 fiscalizadores —no serenos, sino funcionarios con capacidad de imponer multas— vestidos como robocops y listos para recaudar. Con un amplio margen de discrecionalidad en la aplicación de la ley, estos inspectores representaban a un Estado fiscalizador, no solidario ni promotor. Luego llegaron funcionarios de SUNAFIL y del Ministerio de Trabajo con el mismo propósito extorsivo. La pandemia no afectó los ingresos de más de un millón y medio de empleados públicos, pero sí dejó sin sustento a millones de trabajadores independientes.

En el Perú no existe un mercado de empleos formal sólido. El peruano, laborioso y creativo, ha tenido que inventarse su propio trabajo. Gamarra es un ejemplo emblemático de ello: surgió sin diseño, sin planificación, sin gerentes, superando todo tipo de obstáculos. Y el más dañino ha sido siempre la relación con el Estado. La enorme discrecionalidad con la que se interpretan las normas permite al burócrata ejercer un poder casi absoluto: la amenaza de una multa o del cierre de un local le da la capacidad de extorsionar.

Ayn Rand lo describió con claridad en su obra La rebelión de Atlas:

“Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorizaciones de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes sino favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos con el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino que son ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada”.

La Comisión de Trabajo del Congreso no debe, en segunda votación, aprobar esta ley perversa que convierte al burócrata en comisionista por multar más. Es un despropósito intolerable.