Sindicalismo y estatismo parasitarios

En abril pasado, el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú exigió al Estado que detenga la venta de la empresa y, además, que asuma su propiedad.

La propuesta resulta absurda si recordamos que, hace apenas 25 años, el Estado mantenía más de 200 empresas públicas que acumulaban pérdidas anuales de aproximadamente 2,000 millones de dólares—alrededor del 5% del PBI de entonces. Que hoy escuchemos voces en el Congreso apoyando ideas similares es, por decir lo menos, alarmante.

Durante los años noventa, el gobierno de Alberto Fujimori lanzó un proceso de privatización que abarcó casi todos los sectores económicos. El aparato estatal era omnipresente: ElectroPerú y PetroPerú en energía, Centromin y HierroPerú en minería, Enafer y Enatru en transporte, Entel en telecomunicaciones, PescaPerú y SiderPerú en industria, el Banco de la Nación en finanzas, entre muchas otras. Todas estas empresas eran deficitarias, estaban politizadas y plagadas de sindicatos parasitarios.

Fujimori cometió un error clave: dejar fuera del proceso a tres empresas públicas que permanecieron bajo control estatal. Hoy, sus casos ilustran claramente por qué el modelo estatal fracasó.

1. PetroPerú: Una bomba de tiempo

PetroPerú está técnicamente quebrada y solo sobrevive gracias a constantes rescates financieros. Sin embargo, sus sindicatos—doce en total—siguen obteniendo beneficios extraordinarios. En 2024, la empresa cerró con pérdidas netas por 805 millones de dólares, pero los gremios convocaron huelgas exigiendo reparto de utilidades y bonos de productividad.

Mientras tanto, un trabajador promedio gana S/ 8,775 mensuales y los gerentes corporativos S/ 25,559. A eso se suman 16 sueldos al año, bonificaciones por escolaridad hasta que los hijos cumplan 28 años, y otros privilegios. La empresa intentó vender su sede en San Isidro y trasladar sus oficinas a Talara. No pudo: el sindicato lo impidió.

2. Sedapal: La cara del clientelismo

Sedapal es otro símbolo de ineficiencia estatal. Mientras 600 mil limeños carecen de agua potable y 900 mil no tienen alcantarillado, muchos deben pagar hasta seis veces más por el agua de camiones cisterna.

La contratación de personal responde a pactos con el sindicato SUTESAL. Más de 2,000 puestos se heredan, sin mérito profesional alguno, gracias a una política de “preferencia automática” para familiares. Las propuestas de asociación público-privada para mejorar el servicio han fracasado una tras otra. ¿La razón? El sindicato tampoco lo permite.

3. Corpac: El chantaje como política laboral

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) es otro ejemplo del poder destructivo del sindicalismo. A fines de 2023, su sindicato amenazó con cerrar 15 aeropuertos en plena temporada alta. La empresa cedió, otorgando un bono extraordinario de S/ 7,000.

Los salarios pueden alcanzar entre S/ 40,000 y S/ 60,000 gracias a pactos de horas extras. La escuela de controladores aéreos (CiAC), bajo influencia sindical, casi no ha graduado promociones en los últimos años. Esto perpetúa la escasez de personal, lo cual beneficia el régimen de sobretiempo. Faltan controladores, pero el sindicato no permite una solución. La Fuerza Aérea debería intervenir con un plan de contingencia.

¿Qué camino elegirá el Perú?

¿Vamos a elegir un gobierno estatista al estilo de Velasco Alvarado? PetroPerú, Sedapal y Corpac muestran el desastre que puede significar una empresa pública: servicios mediocres o inexistentes, feudos sindicales y botines políticos alimentados por corrupción y clientelismo.

¿Ha cambiado la izquierda su propuesta económica o sigue apostando por expropiar empresas privadas eficientes para convertirlas en fábricas de pobreza?

Lo que el país necesita no es que se nacionalice Telefónica. Lo que necesitamos es saber con claridad cuáles serán los planes de gobierno y cómo se garantizarán servicios eficientes, sostenibles y libres del secuestro sindical.