Beca 18: el futuro que el Estado abandona

La crisis que atraviesa el programa Beca 18 no es un episodio aislado ni un simple desajuste presupuestario. Es la evidencia más clara de una falla estructural en la manera en que el Estado peruano define sus prioridades estratégicas. Mientras cientos de jóvenes con alto rendimiento académico quedarán fuera de la educación superior por falta de financiamiento, el Gobierno avanza sin reparos en la organización de megaeventos deportivos millonarios. La contradicción no sólo resulta injustificable: es profundamente indignante.

Beca 18 ha funcionado como un mecanismo efectivo de movilidad social, al incorporar por primera vez a jóvenes de sectores vulnerables al sistema de educación superior. El 93% de sus beneficiarios pertenece a la primera generación de su familia en acceder a estudios superiores, lo que convierte a la beca en una de las políticas públicas más eficaces para reducir la desigualdad en el país. Sin embargo, asegurar el futuro educativo de cerca de 20.000 jóvenes requiere aproximadamente S/ 793 millones, un monto que el Estado considera hoy “excesivo”, pese a su probado impacto social y económico.

La indignación crece cuando se examinan las decisiones paralelas de gasto público. Los Juegos Panamericanos demandan alrededor de S/ 1,300 millones, cifra muy superior a la necesaria para sostener Beca 18. El mensaje implícito es demoledor: el Estado está dispuesto a financiar el espectáculo, pero no a garantizar derechos. Mientras se inauguran escenarios deportivos, cientos de jóvenes se quedarán sin estudios, sin una segunda oportunidad y sin la posibilidad real de mejorar su condición de vida.

Desde una perspectiva económica, esta elección es abiertamente irracional. Con S/ 1,300 millones se podrían financiar aproximadamente 37,000 becas integrales de Beca 18. En el Perú, un joven con educación superior gana entre 60% y 120% más que uno que sólo culminó la secundaria. Esta brecha salarial se traduce en mayor productividad, mayor consumo y una base tributaria más amplia. Las estimaciones muestran que invertir ese monto en educación generaría más de S/ 5,800 millones adicionales en la economía, recuperándose gran parte de la inversión vía impuestos. No invertir en educación no ahorra recursos: empobrece al país.

La experiencia internacional confirma esta advertencia. China entendió que la única vía sostenible hacia el desarrollo era una inversión agresiva y planificada en educación, ciencia y tecnología. Su transformación en potencia económica no fue producto de eventos de visibilidad internacional, sino de la formación masiva de capital humano. El desarrollo se construye en aulas, no en estadios.

Brasil, en cambio, ofrece una lección inversa. Entre la Copa Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016, destinó más de US$ 25,000 millones a megaeventos mientras descuidaba sus universidades. Las protestas bajo el lema “Queremos hospitais e escolas padrão FIFA” expresan una verdad filosófica elemental: el brillo no sustituye a la justicia. El saldo posterior —endeudamiento, infraestructura abandonada y crisis universitaria— confirmó que un estadio no reemplaza una universidad.

En última instancia, esta discusión remite a una pregunta clásica de la filosofía política: ¿para qué existe el Estado? Aristóteles sostenía que la finalidad de la polis es permitir una vida buena. En el siglo XXI, esa vida buena pasa inexorablemente por el acceso al conocimiento. Cuando un Estado decide financiar el espectáculo mientras cientos de jóvenes se quedan sin estudios, no solo comete un error de planeamiento: traiciona su razón de ser. Elegir eventos antes que educación no empobrece solo a una generación; empobrece el sentido mismo del futuro compartido.