El Perú ante la incertidumbre del futuro político-electoral

A los ojos de cualquier observador, la política peruana se presenta como un fenómeno tan fascinante como agotador: una democracia que resiste en medio de una caída institucional persistente. El país vive una profunda paradoja. Por un lado, mantiene una notable estabilidad macroeconómica; por otro, exhibe un sistema político marcado por la fragmentación, la volatilidad y el conflicto permanente entre los poderes del Estado. Este doble rostro del Perú constituye hoy el mayor freno para su desarrollo.

De cara al futuro electoral no se avizora una estabilización, sino la profundización de las tendencias que han definido la última década. El escenario político-electoral peruano parece condenado a reproducir tres grandes dinámicas interconectadas.

La primera es la trampa de la fragmentación extrema. El sistema de partidos es, en la práctica, inexistente. En su lugar opera un “bus partidario” que se llena y vacía en cada elección, sin estructuras sólidas ni lealtades programáticas. El resultado previsible es un Congreso altamente fragmentado, sin mayorías claras. En este contexto, cualquier gobierno —sin importar quién gane la Presidencia— nace con una debilidad estructural. La gobernabilidad se convierte en una negociación constante, bajo la amenaza permanente de la vacancia presidencial, lo que esteriliza cualquier intento de reforma de largo plazo. Gobernar deja de ser un ejercicio de planificación estratégica y pasa a ser una lucha diaria por la supervivencia política.

Esta fragmentación se alimenta de la segunda dinámica: la búsqueda recurrente del “anti-líder”. La desconfianza ciudadana hacia el establishment es tan profunda que el electorado tiende a votar más “en contra” que “a favor”. Este patrón se consolidó desde 1990, cuando un outsider como Alberto Fujimori derrotó al favorito Mario Vargas Llosa, expresando un claro rechazo a las élites tradicionales.

Desde entonces, el voto de rechazo ha sido la fuerza motriz de las principales contiendas electorales. El rechazo al establishment favoreció a Toledo en 2001; el rechazo a Humala impulsó el retorno de García en 2006; y el rechazo al fujimorismo permitió las victorias de Humala (2011), PPK (2016) y Castillo (2021). En todos los casos, el candidato ganador no fue necesariamente el más sólido, sino aquel que logró encarnar mejor el rechazo a su principal adversario.

Este patrón convierte cada proceso electoral en una montaña rusa de volatilidad. Las encuestas tempranas pierden capacidad predictiva, ya que el votante peruano suele decidir en la etapa final, inclinándose por quien represente mejor la negación del statu quo. Así, se privilegia a outsiders o “anti-líderes funcionales”, muchas veces portadores de mensajes simples y mesiánicos, pero carentes de equipos técnicos y experiencia de gestión. El resultado es un ciclo repetido de altas expectativas seguidas de rápidas decepciones, donde el carácter del candidato pesa más que su programa.

Estas dos fuerzas confluyen en la tercera dinámica: el conflicto institucional crónico. El diseño constitucional ha generado una tensión permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Herramientas como la cuestión de confianza y la vacancia presidencial han sido banalizadas, convirtiéndose en armas políticas de uso cotidiano. La inestabilidad de la Presidencia se ha transformado así en el principal obstáculo estructural del país. 

El próximo gobierno, sea cual sea su orientación ideológica, enfrentará un Congreso más interesado en debilitarlo que en fiscalizar constructivamente. La energía política nacional seguirá consumiéndose en disputas de poder en Lima, mientras se relegan las urgencias sociales y regionales.

El futuro político-electoral del Perú aparece, por tanto, como una prolongación del presente: volátil, fragmentado e inestable. La salida no pasa por encontrar al “candidato perfecto”, sino por impulsar reformas institucionales que fortalezcan los partidos políticos y redefinan la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Sin estos cambios, el país seguirá demostrando una notable capacidad de resistencia democrática, pero al costo inadmisible de paralizar su desarrollo y desperdiciar sus oportunidades.