Las décadas en que el derecho dejó de proteger a Venezuela

El debate sobre Venezuela ha vuelto a instalarse en un terreno conocido: la tensión entre legalidad internacional y cambio político. Es una discusión necesaria, pero incompleta si se la plantea como si el quiebre normativo comenzara con una intervención externa y no mucho antes, cuando el propio Estado venezolano decidió desconocer sistemáticamente la voluntad popular, vaciar las instituciones y gobernar sin su consentimiento.

La democracia, es cierto, no se exporta ni se impone desde el aire. Pero tampoco sobrevive indefinidamente cuando se le priva de elecciones reales, justicia independiente y libertades básicas. En Venezuela, ese proceso no es reciente ni coyuntural: es el resultado de un proyecto de poder que, al cerrarse sobre sí mismo, anuló toda posibilidad de alternancia. Cuando eso ocurre, el marco clásico del derecho —interno e internacional— deja de operar como punto de partida y se convierte en una referencia aspiracional.

Insistir únicamente en la ilegalidad de una acción externa corre el riesgo de invertir las responsabilidades. El problema central no es que Venezuela haya sido “intervenida”, sino que fue previamente secuestrada por un régimen que convirtió la excepción en regla, la represión en método y la soberanía en coartada. La soberanía no puede ser invocada para negar derechos, ni la no injerencia para justificar la perpetuación del autoritarismo.

En este contexto, resulta especialmente relevante observar la conducta de la oposición democrática venezolana. Son horas de confusión respecto del liderazgo real del régimen y de incertidumbre sobre los escenarios posibles. Sin embargo, una eventual transición solo será legítima si es pacífica, ordenada y pactada. En ese sentido, la decisión de María Corina Machado de no llamar a la movilización callejera en medio de una escalada militar, sino a la espera y a la contención, apunta en la dirección correcta. No se trata de un gesto de debilidad, sino de responsabilidad política.

Condenar la operación militar, como lo hizo la presidente Sheinbaum, Petro y Díaz Canel, es un intento de legitimar al chavismo. Maduro es un presidente ilegítimo tras años de repetido fraude electoral, represión sistemática, anulación de la separación de poderes y persecución de la disidencia. Señalar los riesgos de una intervención no borra esa realidad, ni diluye la responsabilidad de quienes llevaron al país a este punto de colapso institucional.

Hay, además, una dimensión que no debería perderse de vista: la de los ciudadanos atrapados en un sistema sin salidas. Para ellos, el dilema no es teórico ni geopolítico, sino profundamente humano. No se trata de elegir entre tutelas externas o pureza jurídica, sino entre la continuidad de un orden que ya no ofrece futuro y la posibilidad —incierta, imperfecta— de una transición que devuelva la palabra a los venezolanos.

Nada de esto supone celebrar la fuerza ni renunciar al derecho. Al contrario: implica reconocer que el derecho fue el primero en ser vulnerado desde adentro, y que su reconstrucción exige algo más que condenas abstractas (algunas cómplices) o llamados genéricos que solo postergan el problema. La legalidad no puede ser solo un límite a la acción externa; debe ser, ante todo, una exigencia al poder que usurpó la voluntad popular.

La salida para Venezuela no será simple ni limpia. Ninguna transición lo es cuando se llega a este nivel de degradación institucional. Pero lo que ya no resulta sostenible es analizar la crisis como si todos los actores operaran bajo las mismas reglas. No es así. Hay un poder que perdió la legitimidad en las urnas y se sostiene, no por el consentimiento, sino por la fuerza.

El desafío, para la comunidad internacional y para quienes observan desde fuera, no es escoger entre principios abstractos, sino evitar que la defensa del orden se convierta —aunque sea sin querer— en defensa del inmovilismo. Porque cuando un régimen gobierna contra su propio pueblo, la neutralidad no existe: solo existen decisiones que prolongan el daño o intentan, con todos sus riesgos, cerrarlo.