Kast y el fin del experimento chileno

La elección de José Antonio Kast y el fin del gobierno de Gabriel Boric no representan un simple giro ideológico o un castigo electoral en el péndulo latinoamericano. Expresan una disputa que atraviesa la región: la pugna entre democracias que enmiendan el rumbo, proyectos híbridos que tensionan las reglas y autoritarismos que intentan ser irreversibles. En ese marco, Chile cerró un ciclo político mostrando una democracia que se rectifica sin fracturarse.

Este capítulo pone fin al experimento de Boric, cuya “legitimidad moral” surge del estallido social de 2019. Su agenda convirtió manifestaciones violentas en fuente fundacional de legitimidad. Su gobierno no fue autoritario, pero mantuvo una tensa relación con los límites del orden republicano: relativización del principio de autoridad, ambigüedad frente a la violencia política, desconfianza hacia instituciones existentes, presentando los contrapesos como vestigios de un pasado ilegítimo, no como pilares de la democracia.

El rechazo de dos proyectos constitucionales y la derrota electoral muestran que incluso bajo un clima de malestar social la sociedad chilena no estuvo dispuesta a cruzar el umbral que separa la transformación democrática de la refundación permanente. Chile demostró tener una democracia capaz de absorber una ola radical, canalizarla institucionalmente y corregir su rumbo sin mutar hacia un régimen híbrido.

La victoria de Kast debe entenderse como el cierre de un ciclo de excepcionalidad. Para el electorado, Kast representó previsibilidad, orden institucional y límites al poder político. Chile eligió como reacción a un período percibido como inestable, confuso y normativamente difuso.

Boric no capturó el aparato coercitivo, no anuló elecciones, no persiguió a la oposición ni canceló la alternancia; gobernó en un marco democrático y aceptó las derrotas. Pero esa diferencia estructural no elimina el problema político de fondo. Boric tensionó la democracia desde una lógica de legitimidad moral y relato refundacional. Su salida demuestra que el sistema chileno resistió una presión que pudo desbordarlos.

La candidatura de Jeannette Jara no solo representaba continuidad de gobierno, sino la persistencia del estallido como horizonte político permanente. Pero el electorado rechazó la prolongación de la excepcionalidad como forma estructural de gobernar: Chile clausuró la idea de que la legitimidad moral puede reemplazar indefinidamente las reglas.

Las reacciones fuera de Chile revelan otra dimensión. Las acusaciones de Gustavo Petro, poniendo en duda el sentido democrático del resultado, expresan una ansiedad política real. En Colombia, su salida democrática del poder en 2026 no está garantizada por inercia, sino por la aceptación efectiva de las reglas. Cuestionar el resultado chileno equivale a cuestionar la alternancia como desenlace normal del poder, una idea incómoda para quienes gobiernan desde la polarización moral, deslegitimando los contrapesos.

Las bravuconadas de Nicolás Maduro expresan temor. El régimen venezolano se sostiene sobre una premisa: perder el poder equivale a desaparecer. Chile demostró que Boric perdió, su coalición fue derrotada y no hubo ruptura, ni venganza, ni proscripción. Para un autoritarismo cerrado, esa normalidad es subversiva.

Chile deja de ser un eslabón ambiguo, recupera su rol como referente de estabilidad institucional en América Latina. Esto eleva el costo regional del autoritarismo, no mediante sanciones ni discursos, sino reinstalando un estándar democrático que expone y encarece las derivas totalitarias. La elección de Kast es una señal incómoda para regímenes que relativizan los límites del poder.

La verdadera lección, más que la figura de Kast, es lo que deja atrás. Termina un ciclo que pretendió gobernar desde la excepcionalidad y que dejó clara una verdad: la democracia no asegura resultados, pero garantiza salidas. Esa garantía es una amenaza real para quienes buscan eternizarse en el poder.