Entre la defensa de la democracia y la desconfianza ciudadana

La decisión del Jurado Nacional de Elecciones de excluir de las Elecciones Generales de 2026 al partido Acción Popular (AP), con la anulación de sus elecciones internas por “vicios sustanciales”, pone en el escenario de vida de los partidos aspectos trascendentales que merecen ser señalados. En primer término, el comportamiento, poco esperado, del JNE, que junto a marcar un precedente severo y contundente en la fiscalización de la democracia interna, constituye una señal de que los órganos electorales (JNE, ONPE) están ejerciendo una mayor rigurosidad en el cumplimiento de las normativas de partidos. Este proceder podría “insinuar” a otras agrupaciones, por temor a correr la misma suerte, a revisar y transparentar sus propios mecanismos internos.

En esa línea, resulta importante referir que la acción de la autoridad electoral, al sancionar un fraude interno, fortalece por un lado la institucionalidad electoral, en tanto se presenta como un acto de defensa de la democracia, buscando asegurar que los procesos sean limpios y representativos. Mientras que, por otro lado, la salida de un partido político tradicional y las irregularidades que la provocaron aumentan la desconfianza ciudadana en el sistema de partidos en general. Este tipo de escándalos, en circunstancias en que la democracia necesita partidos fuertes y creíbles para canalizar la voluntad popular, profundiza la apatía y el escepticismo político, justo cuando la fragmentación, la precariedad institucional y la crisis de legitimidad ya son problemas serios.

Un segundo aspecto necesario de señalar es que la actual crisis de los partidos, concebidos como “vientres de alquiler”, plataformas personalistas o vehículos para la corrupción, más que como instituciones sólidas con ideologías y bases firmes, evidencia su aparente no necesidad en el fortalecimiento de la democracia. Dicho de otra manera, se cuestiona si la democracia en el Perú necesita o no de los partidos. Aquí debemos ser enfáticos en afirmar que estas organizaciones, a pesar de su crisis, siguen siendo el mecanismo constitucionalmente establecido y fundamental para articular demandas, generar programas de gobierno, formar líderes y canalizar la participación en el poder.

No obstante, la corrupción y la falta de institucionalidad en los partidos exigen cambios, no necesariamente su desaparición, sino la adopción de formas organizativas más sólidas, transparentes y democráticas. Estas deben estar relacionadas, por ejemplo, con el fortalecimiento de la democracia interna y la transparencia, a través de mecanismos más rígidos de control de sus afiliados; una mayor fiscalización de los procesos de afiliación, para evitar firmas falsas, y de elección de candidatos y delegados; financiamiento limpio, vía normas más estrictas para el financiamiento, con un control exhaustivo y sanciones ejemplares a la recepción de dinero ilícito; organizaciones con base social e ideológica, que cuenten con una estructura orgánica real, escuelas de formación política activas y una base de militancia verificable, para evitar la creación de partidos fantasmas solo para la contienda electoral; así como el establecimiento de requisitos de antigüedad y experiencia dentro del partido para postular a cargos de alta representación, favoreciendo la meritocracia sobre el dinero o la popularidad fugaz.

La exclusión de Acción Popular, más allá de la sanción a un solo partido, es el síntoma de una enfermedad sistémica que corroe la confianza en la democracia peruana. La rigurosidad del Jurado Nacional de Elecciones es un paso necesario para fortalecer la institucionalidad electoral; sin embargo, la defensa de la democracia no puede ser un acto exclusivo de las autoridades electorales. Los partidos tienen la obligación histórica de dejar de ser vehículos de interés particular para convertirse en genuinos canales de la voluntad popular.

Transformar este llamado de atención drástico en una oportunidad real para que la democracia peruana recupere su vitalidad y credibilidad requiere del encuentro entre la rigurosidad de la ley y la voluntad política de ser transparente, contando seriamente con la vigilancia activa de la ciudadanía.