Otra vez la cantaleta de la vacancia, ¿hasta cuándo?

Una encuesta señala que la presidente Dina Boluarte tiene 0% de aprobación. El ex presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se ve obligado a renunciar porque en el Legislativo se forma una mayoría a favor de su censura. En el Ejecutivo, en vez de aprovechar la circunstancia para ampliar la base política del gobierno, se despide a José Salardi, el mejor ex ministro de la actual administración, y se hacen cambios endogámicos, cosméticos, y Eduardo Arana asume la PCM. En ese contexto la izquierda progresista e incluso,algunos académicos vuelven a proponer la vacancia presidencial.

Con la cantidad de propuestas de vacar al jefe de Estado, la institución de la Presidencia, es decir teóricamente el primer magistrado de la República según la Constitución, se ha convertido en una especie de secretario general de un sindicato o de una federación universitaria o algo parecido. La idea de crear vacancias y situaciones excepcionales dentro del marco constitucional –una práctica de cualquier revolucionario– considera que las instituciones son como las paredes de fierro y cemento. Es decir, que se pueden derribar a combazos y reconstruir a voluntad. Eso no es posible. La historia de las democracias nos demuestra que cuando se derriba una institución tienen que pasar décadas y siglos para reconstruirse o ser reemplazadas.

¿Se puede seguir mirando a la institución de la Presidencia como lo hacen algunos? Hoy la crisis del sistema político tiene que ver con que se ha quebrado el principio de autoridad del Estado de derecho. Existe un vacío de poder que nadie puede llenar, más aún cuando el sistema de representación está fragmentado por las reformas electorales progresistas. Se derrumba el Ejecutivo y lo sigue el Legislativo. La causa principal de este vacío de poder está en que desde el 2016 hasta la fecha se han sucedido seis jefes de Estado; no obstante que, de acuerdo a la Constitución, solo debería haber dos.

Si no hay autoridad en el Estado de derecho nadie hace caso a nadie. Ni la policía actúa en Pataz, ni los fiscales y jueces se alinean con las decisiones del Ejecutivo ni las leyes del Legislativo. Todo suma hacia una tendencia a la anarquía. En este contexto, ¿a alguien se le ocurre plantear un adelanto electoral? ¿Acaso el vacío de poder no podría convertirse en bloqueo institucional y poner en peligro las elecciones del 2026? La propuesta realmente suena a locura o a una simple y mezquina estrategia de facción.

Todas las grandes naciones y experiencias históricas que han construido sistemas republicanos longevos, democracias consolidadas, han enfrentado situaciones mil veces más complicadas que la que padece el Perú. Sin embargo, solo tuvieron una regla con respecto a las instituciones: preservar su continuidad a cualquier costo. Así sucedió, por ejemplo, en los más de cuatro siglos y medio de la república en Roma, en los más de tres siglos de monarquía constitucional en el Reino Unido y los más de dos siglos de la República en Estados Unidos. 

En el Perú las cosas con respecto a la vacancia presidencial comienzan a quedar claras. Únicamente se despiden a los presidentes que quiebran la Constitución y las instituciones. Más allá de adhesiones y rechazos, eso es lo que sucedió con Alberto Fujimori luego del golpe del 5 de abril de 1992, con Martín Vizcarra después del golpe del 30 de setiembre del 2019 y con el golpe fallido de Pedro Castillo.

Una de las cosas más sorprendentes es que los sectores que alientan la vacancia presidencial son las izquierdas en todas sus variantes; es decir, los sectores con mayor responsabilidad en la organización de este momento de bloqueo institucional. Y lo hacen cuando todo está dispuesto para iniciar las elecciones hacia el cambio de gobierno del 2026.

No se puede negar que las cosas están extremadamente complicadas con el gobierno de Dina Boluarte. Pero el salto al vacío de la vacancia y el adelanto electoral es como cambiar la sobrevivencia –que nos toca transitar hacia el 2026– por el suicidio, por la profundización de la anarquía en la que algunos pretenden pescar en el río vuelto con el objeto de controlar las elecciones nacionales.