Fuerzas Armadas y policiales son insuficientes para combatir la minería ilegal

La fecha de término de vigencia del Reinfo, fijada para el próximo 30 de junio, cuando le corresponderá al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) decidir, se ha empañado por el reciente asesinato de 13 trabajadores en las operaciones mineras que se desarrollan en el distrito de Pataz, donde tiene concesiones la empresa Poderosa. 

La reacción inmediata de ciertos sectores ha sido la afirmación: “que se acaba el Reinfo”. Si bien es cierto el mencionado registro ha demostrado su inutilidad en la formalización y más bien ha sido vehículo para darle protección a la informalidad, su anulación en estos momentos es una decisión no tan sencilla de implementar. Estamos hablando de la afectación a casi 500,000 personas.

Los financistas de la ilegalidad tranquilamente pueden también hacerlo con la protesta social violenta; las cifras de dinero que se manejan son impresionantes. Al cierre del 2024, la producción formal de oro fue de 108 toneladas (Tm), mientras que se estima que la ilegal fue del orden de 92 Tm (85% de lo formal), que a un precio medio de 3,000 US$ la onza troy significa US$ 8,873 millones. 

Con esa cantidad de dinero –que no paga impuestos ni los beneficios del empleo formal– los ilegales no tienen ningún incentivo para formalizarse. Es más ventajoso cualquier gasto que resulte inferior al costo de operar en la formalidad. Aquí la forma de acabar con la ilegalidad tiene que basarse en cortar la cadena que convierte la producción en dinero contante y sonante. Aquí la Sunat, tanto por el lado de Aduanas como recaudador tributario, tiene un rol importante. 

El principal destino de la producción de oro es la exportación. Y aquí hay una labor para Sunat Aduanas, que tiene que ser sumamente prolija en la fiscalización de la legalidad de los productos que se trasladan principalmente por el Aeropuerto Jorge Chávez. La única explicación sería que se utilice a empresas formales para exportar, a las que hay que indagar en la formalidad de sus compras, donde debe ingresar la unidad de fiscalización tributaria de Sunat. 

Identificadas las irregularidades, se procedería a la sanción y cierre temporal o definitivo de las empresas que las cometan. Esta tarea parece un imposible, no lo es. Al inicio de los noventa la Sunat era una entidad a la que no se respetaba y la recaudación tributaria era magra, para que luego en el primer quinquenio de los noventa se convirtiera en un ente recaudador eficiente y respetado. Esa mística se ha debilitado y se tiene que recuperar. 

En cuanto a Sunat recaudador de impuestos le compete revisar acuciosamente la contabilidad de empresas de todos los tamaños que se dedican a la extracción de oro. No es posible que paguen protección a terceros que no son empresas sino grupos que trabajan en la informalidad, sin que estos egresos no se vean reflejados en la contabilidad como costos. A estas infracciones les corresponde la sanción y el cierre. 

Los otros ámbitos contables por supervisar son las plantas de beneficio, los comercializadores, los transportistas y las plantas de fundición. De hecho, allí encontrarán cifras que no cuadran. 

Las fuerzas armadas y policiales tienen su rol en la identificación y detención de la criminalidad organizada, en coordinación con Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros. El trabajo es de equipo y no de entidades inconexas. Detenciones y juzgamientos requieren un Ministerio Público y Poder Judicial con personal especializado y dedicado al sector de delitos que se cometen en el sector minero. 

Por su parte el Minem tiene que revisar el compromiso de las mineras con los terrenos entregados en concesión. Es obvio que la gran minería, que es la más competitiva a nivel internacional, requiere extensiones grandes de terrenos; pero debe sustentar el control de seguridad que tiene en terrenos aún inexplorados. Con mayor razón lo debe tener la mediana y pequeña minería. 

Un buen ejemplo de la extensión territorial es el distrito de Pataz, de la provincia del mismo nombre, en la región La Libertad, donde el 87% del territorio distrital está concesionado. Estamos hablando de 406 Km2, que equivale a 42 veces la superficie del distrito limeño de Miraflores. Es más que evidente que si no hay actividades en tal superficie será inevitable que ingresen mineros artesanales e ilegales.

La tarea de acabar con la ilegalidad y el crimen organizado requiere la participación de personal dedicado exclusivamente en todas las dependencias gubernamentales citadas, bajo el liderazgo de una persona que coordine. Es clarísimo que el Reinfo está lejos de cumplir los roles citados; pero esto será tarea del próximo gobierno, porque el actual seguirá la inercia actual.