Urgente: ¡Salvar al sector privado de la educación!

Los fracasos en la contención de la pandemia han profundizado la recesión en el Perú. La economía nacional tendrá una caída de más del 15% del PBI, se destruirán más de tres millones de empleos y cerca del 30% de la población caerá debajo de la línea de la pobreza. Pero eso no es todo. El déficit fiscal del 2020 llegará al 10% del PBI y la deuda pública sobrepasará el 35% del PBI. En otras palabras, destrucción de la economía y menos posibilidades de gasto social, si consideramos que la economía es una disciplina que debe ser ejercida con responsabilidad, sin populismos ni demagogias. Esta situación no solo incrementará la pobreza, sino que las clases medias emergentes quedarán en situación de vulnerabilidad. Se calcula que un 20% de los sectores medios se acercará al umbral de la pobreza.

En este contexto, sectores del Ejecutivo y el Congreso han iniciado una carrera populista, cargada de demagogia, con respecto a las pensiones en el sistema educativo privado. El Gabinete Zevallos, por ejemplo, aprobó un decreto que establecía la obligación de los centros privados de informar de sus costos fijos y variables, y de negociar las pensiones con los usuarios. Era una manera de establecer un control de precios indirecto, violar la Constitución y las leyes de la República. 

En el Congreso los sectores colectivistas y comunistas han presentado iniciativas para controlar los precios de las pensiones y establecer rebajas porcentuales. ¿Qué significa todo esto? Que en el Ejecutivo y en el Congreso no existe la menor idea acerca de lo que representa el sector privado de la educación. Basta señalar que el sector privado absorbe un tercio de la matrícula en educación básica y dos tercios en la superior. Planteadas así las cosas, ¿qué sucedería si se elimina el sector privado de la educación? ¿El Estado absorbería los miles de alumnos que provendrían de las escuelas, universidades e institutos cerrados, no obstante que el déficit fiscal llega al 10% del PBI y la deuda sobrepasa el 35%? Cualquiera que plantee esta fórmula propone la estatización abierta de la educación y el camino del gasto chavista, que ha empobrecido a los países de la región. Sería volver a reeditar el Estado de la hiperinflación de los ochenta.

Plantear controles de precios y rebajas de las pensiones es, simplemente, quebrar el sector. La Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES) ha informado que la deserción en los claustros privados llegó al 15% en el primer semestre y, en algunos centros –sobre todo los vinculados a los sectores C y D– la deserción alcanzó el 30% de la matrícula. Asimismo, Fipes informó que la morosidad en las pensiones de las universidades es del 50%. 

En cuanto a los institutos privados de educación superior el asunto es más complicado. Según FIPES la deserción de alumnos llegó al 30% y la morosidad supera el 60%. La cifra de FIPES aterra: alrededor de 350,000 estudiantes de universidades privadas dejarán de estudiar y cerca de 250,000 en institutos tecnológicos. Según los especialistas considerar que 500,000 estudiantes de educación superior abandonen los estudios significaría retroceder una década en cuanto a la cobertura educativa.

¿Por qué sostenemos que las propuestas de controlar y rebajar pensiones quebrarán el sector? Por la sencilla razón de que los centros privados están recibiendo solo el 50% o 40% de los ingresos proyectados para el año. En este contexto, rebajar el 20% de pensiones significaría la diferencia entre la quiebra o la sobrevivencia. Pero también significaría la imposibilidad de que los centros privados otorguen becas a las familias en problemas o refinancien los pagos de pensiones de los padres en problemas.

En este contexto, el anuncio que se hizo acerca de financiar créditos educativos para los padres de familia es el camino más eficiente y menos costoso para el Estado. Se desarrolla un plan de salvataje de la matrícula privada y el Estado evita gastar en infraestructuras y contratación docente para absorber a los miles de estudiantes que dejarían los centros privados. La demagogia siempre es más cara y siempre produce más pobreza.