En la acreditación se resuelve el futuro de la reforma universitaria

Después de una década de creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), más allá de marchas y contramarchas, es evidente que se ha avanzado un buen tramo en la reforma universitaria en el Perú. En ese sentido, el licenciamiento de las universidades ha sido el mayor logro: mediante este proceso se comprueba si la oferta de carreras, grados y títulos de un claustro se corresponde o no con lo declarado por la institución. E igualmente en el licenciamiento se establecen las condiciones básicas de las infraestructuras –laboratorios, locales y tecnologías en general–, la calidad y el nivel de personal docente y las líneas de investigación en general.

El licenciamiento desarrollado por la Sunedu, pues, ha sido una verdadera epopeya universitaria. No se puede desconocer la importancia. De un total de 144 universidades que existían antes del proceso, 98 lograron licenciarse y 46 claustros fueron excluidos del sistema. Del total de universidades la mitad es pública y la otra mitad privada (societarias y asociativas)

Sin embargo, en el Congreso ha surgido una tendencia contrarreformista con la creación de alrededor 40 universidades –luego del proceso de licenciamiento– sin considerar los criterios académicos ni las condiciones básicas de calidad de los claustros creados. El populismo, la demagogia, la búsqueda de electores lleva a algunos parlamentarios a allanarse a la solicitud de creación de universidades como si se creyera que el claustro creado abrirá posibilidades para los estudiantes. Sin calidad ni condiciones básicas todo será demagogia e ilusión.

En otras palabras, luego de avanzar en el licenciamiento y separar a las universidades no calificadas, el sistema universitario debe iniciar otro proceso de licenciamiento con una cantidad de universidades similar al número de las excluidas por falta de condiciones básicas de calidad.

En cualquier caso, en el razonamiento de algunos legisladores parece estar la concepción acerca de que la reforma de la universidad empieza y termina con el licenciamiento. Grave y terrible error. Los mejores sistemas universitarios del mundo, entre ellos el de Estados Unidos y Europa, tienen en la acreditación de las universidades, facultades y carreras el eje central permanente de su calidad.

El licenciamiento siempre es responsabilidad del Estado: se autorizan las condiciones básicas de calidad y se expide la licencia. Sin embargo, la acreditación de las carreras no puede hacerse a través del Estado, sino por entidades privadas de la sociedad vinculadas al desarrollo de las ciencias, las tecnologías, las humanidades y la cultura en general.

La acreditación es un proceso vivo que desarrollan las acreditadoras privadas reconocidas por el Estado, mediante el cual se evalúa, por ejemplo, el número de profesores principales, los proyectos de investigación, los artículos publicados por los docentes en revistas indexadas, publicaciones en general, la existencia o no de revistas indexadas de la facultad o de la carrera y así sucesivamente. En este proceso, una determinada carrera puede alcanzar el 40% de los requisitos exigidos para acreditarse y logra la acreditación porque se compromete a avanzar en un determinado plazo de tiempo en el 60% restante de las condiciones exigidas.

Igualmente, una facultad acreditada, una carrera muy prestigiada puede perder la acreditación porque, simplemente, se duerme en sus laureles y deja de actualizarse y perfeccionar a su docencia. De esta manera, la acreditación se convierte en el principal termómetro de la calidad.

Por otro lado, la acreditación es un vehículo que conecta directamente los claustros con la sociedad. Si la acreditación se convierte en una práctica en el sistema universitario los padres de familia y los estudiantes solo buscarán las facultades y carreras acreditadas. De ninguna manera a las no acreditadas.

Es incuestionable entonces que no hay una verdadera reforma sin un proceso de acreditación sostenido y permanente.