Seis de seis, todos acusados de corrupción

¿Qué tienen en común Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo? Que todos fueron elegidos presidentes de la República por el voto popular y todos están o estuvieron comprometidos o condenados por actos de corrupción. Además, todos fueron elegidos bajo el amparo de la Constitución de 1993. Del grupo mencionado dos vicepresidentes tuvieron que renunciar por acusaciones diversas y dos vicepresidentes llegaron a ser jefes de Estado. Uno fue vacado, la otra enfrenta serias acusaciones de origen. El vacado ahora está detenido, Martín Vizcarra, y la presidenta vigente, Dina Boluarte, tiene un futuro sombrío y predecible. Los únicos jefes de Estado que no tienen acusaciones de corrupción llegaron al poder por sucesión constitucional al ser presidentes del Congreso: Valentín Paniagua, Manuel Merino y Francisco Sagasti. Un desastre.

Esta situación, vergonzosa desde cualquier punto de vista, no tiene antecedente ni similar en el mundo. A pesar de su singularidad la hemos normalizado, en lugar de convertirla en un foco de discusión y análisis sobre qué es lo que nos está pasando. Si todos los presidentes están comprometidos con actos indebidos es que el sistema está putrefacto. Y si no se corrige es porque el sistema tiene fortalezas para su supervivencia pues le conviene a políticos corruptos, empresarios mercantilistas o que buscan atajos y periodistas “aceitables”. El que sufre las consecuencias es el pueblo peruano. Para muestra un botón: a julio de este año, 4 de cada 10 proyectos tienen ejecución cero, y hay 21,000 obras abandonadas a las que el conjunto Congreso-Gobierno le está agregando 20,000 proyectos nuevos. Esta situación anómala e incorrecta si no es corrupción de la cosa pública ¿qué es?.

Al sistema de corrupción le conviene que haya congresistas indeseables. Los utilizan para sus lobbies y requerimientos. Basta con ver como salen leyes que exoneran de impuestos o que plantean beneficios para algunos sectores y no para la ciudadanía. En ese sentido la informalidad también tiene su espacio y le disputa la preferencia a la formalidad para ganarse el favor de ministros o congresistas.

En otras palabras, si hemos llegado a esta situación es porque en el Perú se subsidia la corrupción. En lo que vendría a ser el colmo de la situación la cosa está tan deteriorada en nuestro país que al corrupto hasta se le paga el abogado con dinero de todos los peruanos, un abogado que tiene amplia libertad para expresar opinión, en favor de su cliente, en los medios de comunicación. Es tanto el nivel grotesco que, en nuestro país, los programas de análisis más parecen estudios jurídicos. Así estamos.