El peligro de la burocratización de la reforma universitaria

El proceso de reforma de la universidad que empezó el 2014 con la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) siempre tuvo un énfasis estatista. Cuando el progresismo controlaba la Sunedu siempre intentó bloquear el desarrollo del sector privado en el sistema universitario con una serie de normas e iniciativas. Sin embargo, luego del relevo del progresismo en el sector, la visión estatista no ha sido discutida y reflexionada apropiadamente.

Es evidente que uno de los mayores logros del proceso de reforma de la universidad es el proceso de licenciamiento sobre un universo de 144 universidades que existían antes del proceso. De ese universo 98 de ellas lograron licenciarse en tanto que 46 fueron cerradas porque las ofertas de carreras, grados títulos, las infraestructuras y laboratorios, la calificación del personal docente no se aproximaba ni de lejos a lo declarado por las instituciones. Sin embargo, el Congreso, en un acto de irresponsabilidad y populismo, ha creado 40 nuevas universidades sin evaluar si existen las condiciones básicas de calidad para los respectivos licenciamientos.

No obstante, estos avances solo serán declarativos si es que al lado del licenciamiento no se desarrolla la acreditación de las universidades licenciadas y también de las facultades. ¿Por qué? El licenciamiento establece las condiciones básicas de calidad, pero la acreditación es un proceso vivo que establece el nivel y los estándares de los currículos, la calificación de los profesores, la existencia o no de revistas indexadas, el número y el desarrollo de las investigaciones, entre otros. Algo muy relevante: la acreditación siempre se desarrolla por entidades académicas privadas, pero no por el Estado. 

De esta manera el licenciamiento es un proceso estatal mientras que la acreditación es un proceso que corresponde a la sociedad. Imagine usted tener facultades de economía, de ciencia política, de ingenierías y tecnologías homologadas con los más altos estándares del mundo.

El proceso de reforma universitaria en el Perú todavía no se moviliza a través de la acreditación de universidades y facultades no obstante que se ha renovado el Sistema Nacional de Acreditación Universitaria (Sineace) y, en ese aspecto, reside el sesgo estatista del proceso de reforma universitaria en el país.

Ese sesgo estatista explica la permanente burocratización en las relaciones administrativas de la Sunedu con las universidades del país. Si bien el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), en la actualidad, considera nueve procedimientos luego de ocho modificaciones desde el 2016, los costos de los servicios son lesivos para la comunidad universitaria. Por ejemplo, el reconocimiento de diplomas extranjeros de grados y títulos cuesta S/ 1,188; la autorización de actividades promotoras de universidades privadas cuesta S/ 14,635; el registro de la modificación de la oferta académica de universidades y escuelas de posgrado demanda un pago de S/ 21,818. Asimismo, el licenciamiento de una nueva universidad cuesta S/ 195,740 y la modificación institucional por creación de la filial S/ 128,399.

Las elevadas tasas que se cobran en la Sunedu existen no obstante que el presupuesto de la Sunedu bordea los S/ 80 millones. En otras palabras, una tendencia clara a empoderar al Estado y limitar los recursos y las iniciativas en el sector privado; parece ser una tendencia que confirma el sesgo estatista de la reforma universitaria.