Cuidado con el ogro filantrópico

El diferendo entre la ministra de Economía, María Antonieta Alva, y el presidente del directorio de Petroperú, Carlos Paredes, (al margen de las expresiones inapropiadas), de una u otra manera, se ha convertido en un asunto clave para la macroeconomía del país. La titular del MEF se negó a que el Estado haga un aporte de capital de US$ 1,500 millones al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), una de las inversiones más caras del Estado, que ya llega a sumar US$ 4,700 millones. En otras palabras, una de las incursiones más costosas del Estado empresario, que suele fracasar en todas las líneas.

Según los argumentos del MEF, no era legal ni financieramente viable realizar el aporte de capital solicitado porque no estaba presupuestado en el presente ejercicio fiscal. Sin embargo, más allá de los argumentos de coyuntura, quizá una de las razones más importantes para no realizar semejante aporte tiene que ver con que la deuda pública ya representa el 126% de los ingresos anuales del Estado. Los economistas señalan que una empresa está quebrada cuando debe más de lo que vende. En el caso del Estado, debería considerarse cuando debe más de lo que recauda.

Y una de las cosas que revelan esta tendencia al crecimiento del tamaño del Estado es el incremento de la deuda pública, y el hecho de que el gasto del Estado represente el 30% del PBI del país. Claro, los socialistas y quienes consideran que el Estado es la principal “fuente de riqueza” pueden argumentar que lo estados de bienestar europeos y de los países desarrollados suelen gastar entre el 40% y 60% de sus respectivos PBI. Los defensores del incremento del tamaño del Estado pretenden ignorar que los países desarrollados ya procesan cuatro revoluciones industriales, mientras que nuestro país todavía no acomete la primera.

Considerando impuestos, tasas y contribuciones, la presión tributaria representa alrededor del 20% del PBI, con el agravante de que se sigue incrementando la carga a los sectores formales que tributan regularmente, mientras más del 60% de la economía y la sociedad se mantiene en la informalidad.

Vistas las cosas así, la decisión del MEF de no realizar un aporte de capital de US$ 1,500 millones al PMRT es una buena noticia, pero absolutamente insuficiente ante la manera como sigue creciendo el Estado cuando la economía se ralentiza a expansiones que apenas superan el 2% del PBI y que no sirven para seguir reduciendo pobreza.

No obstante que en las últimas cuatro elecciones nacionales los proyectos colectivistas y estatistas no han ganado elecciones, de una u otra manera estos sectores se han dado maña para detener el desarrollo del capitalismo, tal como se comprueba en el bloqueo de las inversiones mineras y en recursos naturales. Mientras que el Estado sigue creciendo para alimentar a una nueva clase media artificial que, inevitablemente, se convertirá en clientela de un proyecto estatista. De otro lado, no se debe olvidar que el crecimiento del gasto público, la inversión estatal en proyectos elefantiásicos –como el PMRT–, generalmente, desatan círculos de corrupción.

Quienes pretendemos defender los fundamentos económicos que, en las últimas tres décadas, le han permitido al Perú triplicar su PBI y reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20%, deberíamos entender que la defensa de la macroeconomía y la posición fiscal del Estado es una de las claves para seguir en la senda correcta. De alguna manera las libertades económicas enfrentan una tenaza agresiva: el crecimiento del Estado y la paralización de inversiones. ¡Es hora de reaccionar!