No hay futuro para el Perú con minería ilegal

Diversas aproximaciones señalan que las economías ilegales en el Perú movilizan más de US$ 9,000 millones, en medio de una creciente informalidad de todos los sectores de la economía. En otras palabras, el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y la trata de personas, entre otras, son actividades que se han convertido en un actor social y político que nadie puede ignorar si no queremos que el Perú se convierta en un Estado fallido. 

Del total de las economías ilegales algunos estimados señalan que la minería ilegal moviliza más de US$ 5,000 millones; y la tendencia es a un aumento constante, considerando el precio de la onza de oro (sobre los US$ 2,000) y el de la libra de cobre (alrededor de US$4 la libra). El papel destructivo de la minería ilegal se subraya –sobre todo– porque para avanzar necesita destruir el sistema de derechos de propiedad establecido en la Constitución, las leyes nacionales, los contratos y los tratados internacionales firmados por el Perú. En otras palabras, necesita destruir el actual Estado de derecho. De allí el respaldo de la minería ilegal a todos los movimientos antisistema.

En la medida que la minería ilegal avanza destruyendo el sistema de derechos de propiedad en el Perú necesita aliarse con diversas formas de crimen organizado para jaquear a las concesiones formales de minería. La minería ilegal, pues, combina dinero y poder de fuego para neutralizar a las instituciones de derecho. En la provincia de Pataz en la Libertad, por ejemplo, el Estado de emergencia decretado por el Estado no ha detenido el avance de este flagelo revelando una devastadora falta de decisión política del Ejecutivo. 

En otras palabras, la presencia de las fuerzas armadas, la policía nacional, el gobierno central, el gobierno regional y las entidades del sistema de justicia no han podido evitar el asesinato de 18 trabajadores de las empresas formales, las más de 15 torres de alta tensión derribadas y los cerca de 12,000 volquetes que, el año pasado, transportaron el mineral robado de las empresas formales que pagan impuestos y preservan el medio ambiente.

Algo parecido empieza a suceder en el corredor vial del sur, en la frontera entre Perú y Ecuador, la región de Madre de Dios y más de 22 ríos de la Amazonía. ¿Qué va a suceder si el Ejecutivo sigue renunciando a restablecer el Estado de derecho amenazado por la minería ilegal en las zonas mineras?

Quizá valga señalar que la minería ilegal se define como la actividad que violenta los derechos de concesiones formales de la minería moderna y en las áreas de los parques naturales y zonas reservadas. Como se ha sostenido, pues, es un ataque central contra el sistema de derechos de propiedad consagrado en la Constitución de 1993. Si las cosas son así, ¿qué sector es el que más conoce dónde están las actividades de la minería ilegal? Es evidente que los sectores de la minería moderna que denuncian diariamente las invasiones de las concesiones en exploración y explotación.

En ese sentido en medio del fracaso general de la formalización implementada por el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del sector Energía y Minas, que solo ha servido para eximir de responsabilidades penales a los mineros ilegales “en proceso de formalización” indefinida, se debe señalar que el sector privado no ha liderado una ´propuesta integral de formalización de la pequeña minería. Si bien es cierto que la responsabilidad de la formalización es exclusiva del Estado la gravedad de la situación obliga a que el sector privado desarrolle una propuesta de formalización, sobre todo considerando que el sector es el que más conoce el problema en desarrollo.

Hasta hoy el sector privado solo ha planteado la interdicción, elemento central y fundamental en la guerra contra la minería ilegal. Sin embargo, se necesita una propuesta para formalizar al sector informal, para crear una poderosa alianza entre las minerías grande, mediana con la pequeña y, de esta manera, golpear con  todo el peso del Estado de derecho a la minería ilegal.