La estrategia gradualista para colectivizar la economía

Luego de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) los intentos de restablecer un régimen promocional en el agro para relanzar inversiones y multiplicar reinversiones se estrellaron contra nuevos “defensores de la estabilidad fiscal”. Algunos de estos defensores fueron los arquitectos de la construcción del Estado burocrático de unos años atrás que, a través de la multiplicación de ministerios, oficinas y sobrerregulaciones, bloquean la inversión privada, perpetúan la pobreza y fomentan la informalidad. 

Sin embargo, esta defensa de “la estabilidad fiscal” se hacía sin demandar el fin del Estado burocrático, ni el cierre de la mitad de ministerios que no tienen función social alguna, ni la privatización de Petroperú y las empresas estatales que causan un déficit fiscal estructural.

Si no se propone el fin del Estado burocrático y la reducción del gasto del Estado y se defiende la estabilidad fiscal, entonces el siguiente paso será exigir el aumento de los impuestos y negarse a cualquier posibilidad de trasladar recursos al sector privado para multiplicar la inversión y la reinversión. De alguna manera es lo que ha estado sucediendo en el país con la oposición a aprobar un nuevo régimen promocional validado durante dos décadas de experiencia, y que es uno de los mayores logros en incrementos de productividad en el planeta. Felizmente, el Congreso decidió aprobar un nuevo régimen promocional para el sector.

A nuestro entender esa es la manera como pelean el progresismo consciente y los sectores de la izquierda que se apropian de banderas liberales para torcerlas y servir al camino de la colectivización de la economía. De pronto la izquierda defendía la estabilidad fiscal –una bandera central de las reformas económicas de los noventa para acabar con el Estado empresario– con el objeto de mantener el Estado burocrático y avanzar a una gradual colectivización de la economía a través del aumento de los impuestos.

En estas disputas los operadores ideológicos de la izquierda están demostrando callos y experiencia para ganar batallas parciales y cambiar el curso de las discusiones. Otro ejemplo paradigmático fue el intento de aprobar una nueva ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería (ley Mape) con el objeto de evitar nuevas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del sector Energía y Minas. Se pretendía aprobar el concepto de “concesiones ociosas o concesiones no aprovechables” con el objeto de legalizar las invasiones y asaltos de los mineros ilegales a las áreas de las concesiones formales sin explotar.

El argumento era efectista, pero absolutamente artero, como suele actuar la movilización marxista con el objeto de acabar con la inversión privada. ¿Por qué? Las concesiones formales en el Perú en promedio tienen más de 10,000 hectáreas porque luego de determinarse las reservas probadas de un mineral las empresas titulizan una extensión de ese tamaño y acuden al sistema financiero internacional para conseguir entre US$ 1200 millones y US$ 10,000 millones. Ese dinero no lo tiene en caja ninguna corporación. Conseguido el dinero, la empresa explota el mineral, pero empieza una incesante labor de exploración para ampliar las reservas probadas y ampliar la vida útil y la rentabilidad de la mina. Ganan el país, la empresa, y los gobiernos subnacionales con el incremento de las reservas probadas en los minerales.

En el Perú solo el 14% del territorio nacional está concesionado en minería. El conflicto con la minería ilegal se produce en el 10% de ese total concesionado. En otras palabras, hay un gigantesco espacio para desarrollar minería, pero los mineros ilegales pretenden apropiarse del trabajo de otros e inventan la teoría de las concesiones ociosas.

Si la izquierda hubiese aprobado la legalización de las invasiones de los mineros ilegales, entonces, se habría acabado con el sistema de propiedad minera que ha llevado al Perú a convertirse en una potencia minera. Las consecuencias de este despropósito: se habría acabado con la gran inversión minera en el Perú y se habría iniciado la destrucción del modelo y la economía de mercado, sin necesidad de que la izquierda llegue al poder.

El colectivismo, los antisistema y las izquierdas suelen desarrollar batallas parciales en la economía –como lo hacen en la cultura y todos los campos– que, de una u otra manera, definen el futuro de la economía de mercado, En otras palabras, pretenden colectivizar la economía sin llegar al poder.