Entre fugas, asilos y pases a la clandestinidad

La solicitud de asilo político de Bettsy Chávez y su “alojamiento” en la Embajada de México —mientras enfrentaba un proceso por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado, tras el intento del expresidente Castillo de disolver inconstitucionalmente el Congreso el 7 de diciembre de 2022— ha traído como consecuencia, por un lado, la ruptura de relaciones diplomáticas con dicho país y, por otro, una muestra más del errático funcionamiento de la justicia y la seguridad en el Perú.

En este contexto, es necesario recordar que las sociedades, en general, buscan proteger a sus ciudadanos de acciones contrarias a la moral mediante mecanismos legales (como el derecho penal, civil y administrativo), institucionales (sistemas de cumplimiento, canales de denuncia), educativos (formación en valores) y culturales (promoción del bien común). Se trata de prevenir, detectar y sancionar conductas antiéticas, al tiempo que se promueven la integridad y los valores. Corresponde al Poder Judicial, los órganos de control interno, las fiscalías y las defensorías del pueblo actuar con ética, investigando y sancionando con celeridad a quienes violan las normas éticas y legales.

Entonces, cabe preguntarse: ¿dónde falla o es burlada la eficacia de la protección social? La respuesta inmediata es clara: en la ruptura de la coherencia entre las normas (lo que se debe hacer), las instituciones (quién aplica las normas) y la cultura (lo que la gente valora y espera). En las últimas décadas, el abandono de los valores y el crecimiento de la corrupción han provocado una merma considerable en esta coherencia.

Ahí están, como vergüenza nacional, los casos emblemáticos de impunidad reflejados en fugas, asilos o pasos a la clandestinidad. Prófugos de la justicia: Vladimir Cerrón Rojas (líder de Perú Libre y exgobernador de Junín), con orden de captura por organización criminal y colusión; Juan Silva Villegas (exministro de Transportes y Comunicaciones), también acusado de organización criminal y colusión; y César Hinostroza Pariachi, exjuez supremo y presunto cabecilla de “Los Cuellos Blancos”, fugado del país y aún sin extradición efectiva. Asilados en el extranjero: Lilia Paredes Navarro (ex primera dama y esposa de Pedro Castillo), acusada de organización criminal y asilada en México junto a sus hijos; y Nadine Heredia (esposa de Ollanta Humala), recientemente sentenciada en primera instancia a 15 años de prisión por lavado de activos agravado, con apelación pendiente, y protagonista de otros procesos por corrupción antes de refugiarse en la Embajada de Brasil y viajar a ese país. La lista continúa y permanece en la memoria ciudadana.

El pedido de asilo de Chávez, la ruptura de relaciones con México y los pronunciamientos de las instituciones involucradas son, en realidad, un engaña muchachos que alimenta la indignación popular, profundiza el desgaste del sistema y distrae la atención, mientras los grupos antisistema observan complacidos.

Como sociedad hemos perdido mucho terreno. Las instituciones responsables muestran poco interés en revertir la situación. Pero si seguimos callados y nos autoexcluimos de nuestras responsabilidades ciudadanas, seremos cómplices de esta decadencia. Es momento de predicar con el ejemplo, de practicar valores como la honestidad, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. Debemos actuar con integridad, participar conscientemente en las próximas elecciones —nacionales, regionales o locales— y anteponer los intereses del país a los personales. Solo así podremos aspirar a una sociedad capaz de superar sus problemas.