¡Flexibilidad laboral en el agro, ya!

El Congreso de la República ha aprobado su primera ley abiertamente pro inversión; es decir, es la primera vez que el Legislativo, desde las elecciones nacionales en que se eligió a Pedro Castillo, reconoce que la inversión y la reinversión privada son las fuentes principales en la generación de empleo y reducción de pobreza.

Si bien el Congreso defendió la democracia frente al golpe fallido de Pedro Castillo, si bien el Legislativo eligió al nuevo Tribunal Constitucional, a la nueva Junta Nacional de Justicia y a la Defensoría del Pueblo, renovando instituciones fundamentales del Estado de Derecho, hasta la aprobación de la nueva ley de promoción agraria no se había mostrado del lado de la inversión privada. 

Era como si la narrativa antiempresarial de las izquierdas hubiese colonizado a todas las bancadas legislativas. Por ejemplo, en el Legislativo no se han atrevido a derogar los decretos supremos del gobierno de Castillo que prohíben la tercerización laboral, que fomentan la sindicalización artificial en las empresas y promueven el libertinaje en el derecho a huelga. En otras palabras, no derogan normas que legalizan abiertamente la guerra de clases entre empresarios y trabajadores.

Con la aprobación de la nueva ley de promoción agraria, que establece un sistema tributario promocional para todo el sector, las cosas cambian significativamente. Como ya lo hemos sostenido en este portal, el sistema promocional en el agro no es una apuesta mercantilista o una reedición del planteamiento de las zonas francas –que han fracasado de principio a fin– sino un modelo que ha sido validado por dos décadas de inversión y reinversión (con la anterior ley promocional derogada por el progresismo) que generaron el milagro agroexportador peruano. Un modelo que también se convirtió en la mayor fuente de formalización de empleo, reducción de pobreza y expansión de la prosperidad.

No obstante que el modelo agroexportador apenas se desarrolló en el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura (el 95% está conducido por minifundistas) el empleo formal se incrementó de 460,000 entre directos e indirectos en el 2004 hasta más de 1.5 millones antes de la pandemia; la pobreza bajó muy por debajo del media nacional (la pobreza en el país suma el 27% de la población mientras que Ica, región agroexportadora por excelencia, apenas llega al 6%) y el promedio de los salarios se elevó muy por encima de la remuneración mínima nacional. Algo más. Algunas empresas llegaban a contratar entre 10,000 y 15,000 trabajadores, con todos sus derechos, por temporada de siembra, mantenimiento y cosecha.

¿Cuál fue la clave de este avance formalizador en el empleo? La flexibilidad laboral para contratar y cancelar contratos, tal como sucede en los países desarrollados y los mercados populares y emergentes del país. Al respecto, la derogatoria de la anterior ley promocional no solo canceló el régimen tributario promocional, sino el modelo formalizador de la flexibilidad laboral.

La Ley 31110 estableció un bono especial para el trabajador agrario (BETA) que le agregaba al salario agrario un 30% de la remuneración mínima vital, promovía la contratación preferencial de los trabajadores previos, y fomentaba la sindicalización y la negociación por rama. Es decir, eliminaba de un plumazo la flexibilidad laboral. El resultado es evidente: la informalidad en el empleo ha vuelto a aumentar en el sector y se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos formales cada mes.

El objetivo de las izquierdas con la derogatoria de la anterior ley promocional era clarísimo: interrumpir el proceso de capitalización del campo. Y, en la medida que el sistema promocional tributario y el modelo de flexibilidad laboral en el agro eran tan exitosos, se convertían en ejemplos y en la base para la gran reforma tributaria y laboral de toda la economía nacional. El Perú, a partir de los éxitos del sector agrario, avanzaba hacia una gran reforma nacional y, como todos sabemos, las izquierdas casi no existen si se erradica la pobreza.

Por todas estas cosas, el sistema tributario promocional en el agro no es suficiente. Se necesita avanzar a una reforma laboral.