¡Yo no soy el enemigo!

El audio propalado en los medios de comunicación, grabado en la reunión del presidente Vizcarra con los gobernadores del Sur, en el que se promete a cancelar el proyecto minero Tía María, revela lo siguiente: primero, que los servicios de inteligencia no saben dónde están parados y no pueden proteger al presidente de la República, o simplemente fueron ellos quienes grabaron y difundieron el audio. Analistas vinculados a las Fuerzas Armadas consideran que la cancelación del proyecto minero solo beneficia a los países que compiten en producción cuprífera con el Perú, y para ellos no hacer Tía María constituye una traición a la patria. Segundo, me cuenta uno de los asistentes al cónclave arequipeño que el premier solo atinaba a afirmar gestualmente los dichos del presidente. Luego, ha salido a defender cantinflescamente lo indefendible.

Según los abogados penalistas a quienes consulté, el presidente, el premier, los gobernadores y los alcaldes que se reunieron, supuestamente para concertar la cancelación del proyecto minero, habrían cometido los siguientes delitos: asociación Ilícita para delinquir (aquí se ha concertado aparentemente un acto administrativo doloso, al anular una licencia que ha cumplido con todos los requisitos según el Ministerio de Energía y Minas), falsedad genérica (alterando la verdad para perjudicar a terceros), omisión de funciones (incurren en este delito aquellos funcionarios públicos que realizan una gestión deficiente, señala el Código Penal) y exposición al peligro (cuando se abandona a personas en circunstancias en las que no que puedan valerse por sí mismas, porque el presidente, luego de concertar con los gobernadores del sur la cancelación de la licencia, envió a tropas del Ejército a reprimir a la población arequipeña). Los analistas de las Fuerzas Armadas señalan que Vizcarra quería que la protesta se desborde, con muertos y heridos, para cancelar definitivamente el proyecto.

Estos hechos deberían ser investigados de oficio por la Fiscalía, pero el Ministerio Público se ha convertido en un instrumento político de amenaza a los opositores al régimen. Por eso, la facción de fiscales a subordinados al Gobierno es constantemente entrevistada cortesanamente por los medios de comunicación cuyos propietarios son colaboradores eficaces y han confesado ser parte de la red criminal de Lava Jato y el Club de la Construcción desde la época del fujimorismo. No olvidemos que el cartel mediático (El Comercio, Canal 4, Canal N, RPP, Exitosa y algunos medios marginales) están subvencionados por el Gobierno con la jugosa publicidad estatal (que crece anualmente). 

Por otro lado, el presidente ha dicho que lo han chantajeado. ¿Quién extorsiona al presidente y por qué? ¿O solo son respuestas desesperadas para esconder su incapacidad política? Vizcarra ha fracasado con la reforma judicial hecha a trompicones y sin mayor reflexión jurídica e histórica. De igual manera, con la llamada reforma política, hecha por un grupo de intelectuales limeños que desconocen la realidad política del país. El adelanto de elecciones está verde, también la renuncia presidencial. Por otro lado, el Congreso no tiene la fuerza política ni ética para promover la vacancia y seguirá despreciado por el país. 

Finalmente, la amenaza de los radicales son fuegos artificiales que esconden demandadas económicas lideradas por lentejeros. Como Pepe Julio, dirigente del Frente Amplio que demostró que la defensa del valle del Tambo, del agro, de la ecología son un negocio y una fuente de vida de algunas oenegé y de algunos politicastros vestidos de rojo y rosado, que viven del miedo de los agricultores. Al Perú no le queda otro camino que el de una verdadera revolución social que ordene el país; pero como decía García Calderón: “En el Perú no hay hombres, ni raza, aquí hasta las legiones de Napoleón fracasarían”. Que dolorosa sentencia sobre nuestra patria.