Por qué Perú debería implementar el plan Bukele

La inseguridad ciudadana es una de las mayores preocupaciones en América Latina, pues es un problema que afecta gravemente la calidad de vida y la estabilidad de toda la región, y Perú no es la excepción. En los últimos años el aumento de la criminalidad ha generado una sensación de desamparo en la población, que cada vez más exige acciones concretas por parte del Gobierno. En este contexto, las políticas de seguridad implementadas por Nayib Bukele en El Salvador han captado la atención de muchos peruanos, quienes se preguntan si el país debería adoptar un enfoque similar para combatir su propia crisis de inseguridad. A la luz de los resultados visibles en El Salvador, existe un argumento sólido para que Perú implemente un plan de seguridad inspirado en el modelo Bukele, basado en el control territorial, la militarización y el endurecimiento de las penas contra los criminales.

El Salvador, bajo el liderazgo de Bukele, ha logrado reducir drásticamente sus índices de criminalidad, en especial los homicidios, que durante años lo posicionaron como uno de los países más peligrosos del mundo. Las pandillas, como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, controlaban vastos territorios y sometían a la población mediante extorsiones y violencia. Sin embargo, como parte de su Plan Control Territorial, Bukele implementó una serie de medidas drásticas que cambiaron el panorama de seguridad en el país en un tiempo relativamente corto. Perú, que enfrenta una situación de criminalidad en aumento, podría beneficiarse enormemente con la adopción de estrategias similares.

El enfoque de Bukele tiene tres componentes clave: la militarización de las zonas más afectadas, el estado de excepción y la construcción de megacárceles. Estos elementos, aplicados correctamente en el contexto peruano, podrían proporcionar resultados efectivos a corto plazo. En Perú, la delincuencia organizada, los robos y el sicariato han hecho de ciudades como Trujillo, Lima y Callao verdaderos focos de inseguridad. La presencia de bandas criminales que operan con total impunidad exige una respuesta contundente que restaure la paz en estas zonas. La militarización de áreas críticas, tal como se hizo en El Salvador, permitiría retomar el control de territorios donde la policía local no ha sido suficiente para contener el avance del crimen.

El estado de excepción es una herramienta poderosa que permitió a Bukele realizar arrestos masivos y recuperar el control de las calles sin estar atado a las restricciones del sistema judicial tradicional. En El Salvador esto fue clave para reducir drásticamente la presencia de pandillas en las calles. En Perú, donde las demoras y debilidades del sistema judicial muchas veces permiten que los criminales sigan operando con impunidad, un estado de excepción temporal podría ser una solución efectiva. Al igual que en El Salvador, las detenciones sin necesidad de órdenes judiciales y la rápida acción policial ayudarían a desmantelar las bandas organizadas que hoy controlan partes de las ciudades mencionadas.

Un tercer componente que podría replicarse en Perú es la construcción de nuevas cárceles para albergar a los delincuentes más peligrosos. Las cárceles peruanas están sobresaturadas, y muchas veces los criminales siguen controlando sus operaciones desde dentro de las prisiones. El enfoque de Bukele, que incluye la creación de prisiones diseñadas específicamente para cortar la comunicación entre los reclusos y sus organizaciones externas, ha sido clave en la reducción del poder de las pandillas. Perú, con el fortalecimiento de su infraestructura penitenciaria, podría asegurar que los delincuentes no solo sean capturados, sino que también permanezcan efectivamente aislados de sus redes criminales.

En este sentido, es importante destacar que las políticas de mano dura no excluyen la necesidad de una reforma judicial y de estrategias preventivas a largo plazo. En Perú, estas medidas deben ser complementadas con una revisión profunda del sistema de justicia y con programas que aborden las causas estructurales de la criminalidad, como la pobreza y la falta de oportunidades. Sin embargo, a corto plazo, la implementación de un estado de excepción y la militarización de zonas de alto riesgo son soluciones que podrían ofrecer un respiro inmediato a la población.