Hola y chau

Evidentemente, nos referimos —aunque con la temporalidad invertida— a la salida de la señora Dina Boluarte de la Presidencia de la República, cargo que asumió tras la vacancia de Pedro Castillo y del que luego fue destituida por el mismo Congreso. En el “hola”, destacamos la asunción del presidente del Congreso, señor José Jerí Oré, como nuevo jefe de Estado en reemplazo de la vacada mandataria.

Lo ocurrido tiene sus bemoles, pues más allá de lo que disponga el ordenamiento constitucional y legal del Perú, la sensación general —entre partidarios y detractores— es de inestabilidad y desorden. En los dos últimos lustros hemos tenido, en promedio, un presidente por año, lo que bien podría valernos una mención en los registros de Ripley, aunque no precisamente para orgullo nacional.

Lo más lamentable del caso, a nuestro juicio, es que la vacancia de la señora Boluarte se produce a escasos meses de que ella misma convocara a elecciones generales para el próximo abril, es decir, dentro de seis meses. Bien podríamos haber seguido soportando la ineficacia de su gestión, pero al menos habríamos llegado a los comicios sin otro terremoto político.

Igualmente triste ha sido la actuación del Parlamento al aprobar su vacancia. Según el artículo 113 de la Constitución, esta procede, entre otras causas, por “incapacidad moral o física permanente, declarada por el Congreso” o por “destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117”, las cuales se refieren a traición a la patria, impedir elecciones, disolver ilegalmente el Congreso o obstaculizar el funcionamiento de los organismos electorales.

Como se advierte, las normas constitucionales buscan proteger la estabilidad de quien ejerce legítimamente la Presidencia, y las excepciones son puntuales. Sin embargo, la causal de “incapacidad moral permanente” se ha convertido en un cajón de sastre: se usa para todo y por todo. Peor aún, el Reglamento del Congreso permite acortar los plazos de defensa, lo que resulta irrazonable y alejado de los estándares de los tratados de derechos humanos sobre el debido proceso y los plazos razonables.

En la práctica, lo que determina una vacancia no es la “incapacidad moral” del presidente, sino la simple suma de votos, sin mayor razonabilidad. Lo anterior debería llevar al próximo Congreso, que se elegirá en 2026, a repensar la regulación de esta causal.

Tras declararse la vacancia de la señora Boluarte, el Congreso, por una votación abrumadora, nombró en su reemplazo al señor José Jerí Oré. Increíblemente, también se había presentado una moción de censura contra la propia Mesa Directiva que él presidía. Afortunadamente, esa demencial pretensión no prosperó.

A pocas horas de asumir el cargo, al presidente Jerí se le exige —con estridencia— que presente su Consejo de Ministros, como si ello fuera sencillo en un país tan inestable, donde los posibles convocados saben que no gozarán de tranquilidad ni de estabilidad. Si ya en tiempos de calma es difícil encontrar personas dispuestas a asumir carteras ministeriales, hoy lo es aún más, debido a normas restrictivas como la Ley de Contrataciones Públicas (respecto a la parentela), la Ley de Inteligencia Financiera (que considera persona expuesta políticamente hasta cinco años después de dejar el cargo), la Ley de Declaración de Intereses y la Ley de Probidad.

Peor todavía, algunos medios y redes sociales convocan a marchas contra quien apenas se está instalando en el Sillón de Pizarro, exponiendo a sus promotores a posibles denuncias penales y al accionar de las fuerzas del orden.

Si ya tenemos nuevo presidente, corresponde dejarlo ejercer sus funciones, con probidad y eficiencia. El Perú necesita llegar en paz a las elecciones y realizar una transferencia de poder adecuada, sin sobresaltos.