Generación Z

Si algún miembro de la llamada generación Z se diese el trabajo de revisar los archivos fotográficos de las protestas de los años setenta u ochenta del siglo XX verá que a ningún manifestante se le ocurría agredir físicamente a los miembros de la Guardia Civil, hoy Policía Nacional del Perú. 

Existía –y existe– un cuerpo especializado que, siendo numéricamente menor que los marchantes, debía contar con equipos de protección, hacer uso de gases lacrimógenos, operaban un vehículo rompe manifestaciones que lanzaba agua si es que alguno deseaba violentar el acuerdo de hasta dónde debían desplazarse; pero, en general, salvo algún desadaptado, a nadie se le ocurría destrozar el Centro Histórico de la capital.

Recuerdo que años atrás unos jovencitos decidieron pintarrajear el monumento a la memoria de Don Jose de San Martín, en la plaza del mismo nombre. Recibió la condena y la indignación social en rechazo a esa actitud. Peor inclusive porque se trataba de estudiantes universitarios que se supone deben hacer gala de una conducta cívica.

Argumentar que la protesta es un derecho, como si ésta no tuviese límites es errado, porque los derechos se ejercen siempre y cuando no vulneren los derechos de otros. La protesta es una práctica universal, pero no convalida la anarquía, ni el caos, tampoco la destrucción de bienes públicos y privados. La disconformidad con algunas disposiciones de gobierno o frente a directivos de empresas privadas se ejercían a través de paralizaciones, suspensión de labores, asumiendo los huelguistas el costo de la suspensión de sus labores. La diferencia sí estaba en el sector público, donde tarde o temprano se les reconocía los días no laborados. En consecuencia, el estímulo para mantener una paralización era enorme.

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, los movimientos anarquistas estuvieron en auge en todo el mundo. En el Perú, rápidamente fueron superados por el surgimiento de partidos liderados por pensadores como José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre, Víctor Andrés Belaúnde ¿alguno de ellos propuso que durante sus convocatorias populares debía destruirse lo existente?

En la actualidad, hay un problema ocasionado por la indignación frente a la inacción o poca efectividad de las autoridades frente al fenómeno de la criminalidad. Pero, lo sucedido en días recientes, cuando un grupo de jóvenes confundió indignación con destrucción, no puede quedar impune ni ser tolerado por la ciudadanía.

Cierto es que el gobierno y el Congreso actual son impopulares e implementan medidas que –en lugar de fortalecer su precaria legitimidad– incrementan la indignación, pero toda propuesta de cambio implica la construcción sobre lo avanzado y no la negación de lo existente.