¿Por qué la izquierda judicializa a nuestros soldados?

En los sectores de la izquierda, ya sea en las corrientes del comunismo ortodoxo o en el progresismo consciente, empieza a existir una proyección pesimista con respecto a las elecciones del 2026. No tienen candidatos y las pocas alternativas no aparecen con posibilidades de convocar el respaldo de amplios sectores. Martín Vizcarra, el candidato de la izquierda progresista consciente, hoy aparece complicado con procesos judiciales e inhabilitaciones en curso.

Sin embargo, en la izquierda –sorprendentemente más que en la derecha– comienza a existir la percepción de que el gobierno de Pedro Castillo y el golpe fallido posterior son acontecimientos devastadores para sus posibilidades electorales. Haber elegido al peor y al menos preparado –por responsabilidad de todas las izquierdas– en las elecciones nacionales pasadas parece que ha generado un trauma nacional en toda la sociedad. De alguna manera Castillo, más allá de que no lo registren los análisis oficiales, comienza a ser lo que la hiperinflación de los ochenta para las políticas económicas: una especie de dique frente a demagogia económica y, por lo tanto, el espacio de las izquierdas se reduce significativamente.

Ante esta situación la izquierda en todas sus versiones reajusta sus planes tácticos y se decide por desarrollar batallas parciales, pero de enorme trascendencia para el futuro de la democracia. Una de esas batallas es la construcción de las narrativas sobre la lamentable muerte de 60 peruanos luego del golpe fallido de Castillo. En estos relatos las víctimas fatales se explican por unas fuerzas armadas y policiales (PNP) “que disparan a mansalva contra civiles desarmados”. Puede que haya verdad en algunos casos y merece investigarse, pero de ninguna manera se puede aceptar que cerca de 300 miembros de las fuerzas de seguridad hoy sean judicializados, algunos de ellos incluso con prisiones preventivas, por haber defendido la democracia peruana y habernos salvado de la asamblea constituyente.

La violencia insurreccional desatada luego del golpe fallido de Castillo correspondió a uno de los planes más elaborados que el eje bolivariano y la inteligencia cubana aplicaron en la región. Incluso fue más cruento y violento que los aplicados en Chile, Bolivia y Colombia, por ejemplo.

Durante el plan insurreccionar milicias organizadas –evidentemente sin armas, pero con acciones de estructura militar– avanzaron a incendiar todos los aeropuertos del sur. La violencia se focalizó en los terminales de Puno y Ayacucho. Las milicias avanzaron sobre los aeropuertos, mientras otros milicianos controlaban las principales carreteras con el objeto de desabastecer a las ciudades y quebrar la economía nacional. ¿Qué hubiese sucedido si se quemaba un solo aeropuerto? En el acto se quemaba otro, el siguiente e, incluso, se intentó destruir el aeropuerto Jorge Chávez.

Si se incendiaban los aeropuertos y se mantenía el bloqueo de las carreteras la moral nacional se quebraba, y el Ejecutivo y el Congreso habrían aceptado la asamblea constituyente como una salida de paz. Sí, como la alternativa de la paz. Así ha sucedido en casi todos los países de la región con el desarrollo de la estrategia del eje bolivariano. Sin embargo, el plan bolchevique falló en algo: no evaluó la entereza ni la integridad de las fuerzas armadas y policiales del país.

Las fuerzas de seguridad se erigieron en el muro de contención de la violencia y salvaron el Estado de derecho. En este contexto, ¿quiénes son los responsables de la lamentable y triste muerte de 60 peruanos, del dolor causado en 60 familias peruanas? ¿Los soldados que defendieron la ley o los milicianos que pretendieron quemar aeropuertos? La respuesta es obvia.

No obstante, más de 300 soldados y policías del Perú hoy están judicializados. El objetivo de estas judicializaciones es alimentar de argumentos a las oenegés que, supuestamente, defienden los derechos humanos. Igualmente busca continuar con la politización del sistema de justicia y, sobre todo, presionar a algunos militares para que acusen a ministros y a jefes de Estado, tal como ha sucedido en el pasado.

Si el Perú permite esta nueva tragedia para nuestros soldados, entonces, no ha comprendido la estrategia de la izquierda comunista en las últimas décadas ni merece gozar de un Estado de derecho.