El Perú sin rumbo

El país sigue sumergido en una extrema judicialización de la política, en la que la agenda pública está copada por las investigaciones del Ministerio Público y la solicitud de una nueva prisión preventiva para Keiko Fujimori. Por ello se postergan todos los asuntos vinculados a la gobernabilidad y las nuevas reformas económicas que deberían relanzar el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza.

Las demandas de prisión preventiva sin acusación fiscal ni juicio oral violan el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución, los criterios aprobados sobre el tema en el Pleno Casatorio de la Corte Suprema, las resoluciones del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También la extrema judicialización de la política nos hace olvidar que el Perú está inmerso en una realidad latinoamericana en la cual los estallidos sociales comienzan a amenazar el modelo republicano y la economía de mercado. 

¿Cómo podemos salir de esta trampa que amenaza con envolverlo todo para favorecer las estrategias comunistas y colectivistas que buscan un estallido social en el país? Quizá una primera actitud de todos los actores políticos y sociales que defienden el modelo republicano y las libertades económicas sería dejar que los procesos judiciales se encapsulen en las instituciones encargadas de administrar justicia, y aceptar que todos tenemos que retroceder en algo. Parece ilusorio, pero no imposible.

Una actitud de este tipo no es una imposibilidad si reconocemos que una de las razones de los estallidos sociales en Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia, incuestionablemente ha sido la ralentización del crecimiento económico, que ha detenido los procesos de reducción de pobreza y la expansión del bienestar. En este contexto las clases medias emergentes –que dejaron de ser pobres hace muy poco– entran en desesperanza y caen fácilmente en los discursos demagógicos de los comunismos y los colectivismos. Chile parece ser el paradigma de estos procesos.

De allí que las élites políticas peruanas no deban aceptar con tanta facilidad que el 2019 la economía apenas se expanda en algo más de 2% del PBI, una cifra con la que es imposible reducir pobreza y atender la demanda de empleo de los 250,000 jóvenes que se incorporan anualmente al mercado de trabajo.

El Ejecutivo debería estar en condiciones de registrar esta terrible situación que se empieza a acumular en la economía y la sociedad, y que podría desencadenar un escenario desconocido que afecte prácticamente a todos los sectores que hoy están enfrascados en la extrema judicialización de la política. Algunas semanas atrás nadie imaginaba que en Chile se iba a terminar convocando a una asamblea constituyente, pese a que el país del sur tiene un ingreso per cápita de más de US$ 15,000 y una pobreza de menos de 10% de la población.

La economía, pues, podría a convertirse en un factor decisivo en el futuro del país. El Ejecutivo debería enviar señales claras a los mercados, promulgando la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360) que establece un régimen laboral y tributario especial para las inversiones agrícolas. Igualmente debería respaldar la decisión del Consejo de Minas, del Ministerio de Energía y Minas, que ratifica la licencia de construcción del proyecto de cobre de Tía María, y movilizar la Estado para hacer respetar la Constitución y la ley en las zonas mineras en donde los extremismos pretenden paralizar y bloquear inversiones mediante el desarrollo de protestas violentas.

Hoy parece exagerado exigir reformas que relancen la productividad y la competitividad de la economía, sobre todo por la situación de debilidad de la administración de facto de Martín Vizcarra. Una debilidad que, paradójicamente, se ha acentuado con el cierre inconstitucional del Legislativo. Sin embargo, el Ejecutivo no puede rehuir su responsabilidad en los temas de gobernabilidad. No puede, de ninguna manera.