Persiste la venganza comunista contra nuestros soldados

El Almirante (r) Alberto Rivero acaba de morir a los 82 años, luego de haber sido sentenciado unos meses atrás a 18 años de cárcel; es decir condenado a morir en una prisión, por hechos sucedidos en 1984 que, desde cualquier punto de vista, eran imputaciones que habían prescrito. Los hechos acaecieron en Huanta (Ayacucho), y nunca se comprobó la participación del oficial que defendió la peruanidad frente a las huestes del comunismo terrorista de Sendero Luminoso.

Algo más. Una ley clara y expresa del Congreso había establecido que la categoría de “delitos de lesa humanidad” –es decir, delitos que no prescriben– recién entró en vigencia luego de que el Perú firmara el Tratado de Roma en 1992, que tipificó este tipo de delitos. Antes de ese tratado regía la legislación penal nacional y, por lo tanto, las imputaciones en contra del Almirante Rivero habían prescrito. Sin embargo, la venganza comunista pretendía establecer una lección contra los soldados que se atrevían a defender la peruanidad frente al colectivismo terrorista. Ese mensaje, ese intento de reconstruir la historia, pasaba por la muerte del Almirante Rivero en la cárcel.

En este contexto surgen las inevitables preguntas: ¿Por qué una sociedad puede permitir que verdaderos héroes de la democracia se conviertan en perseguidos de por vida? ¿En qué momento se destruyó la autoestima nacional para permitir que los sectores comunistas y progresistas –en función de sus estrategias de poder– conviertan a nuestros soldados en enemigos del Estado de derecho? 

¿Semejante situación revela que la sociedad peruana se ha enfermado de gravedad ante los relatos y las fábulas del neocomunismo? De lo contrario, ¿cómo se puede explicar que se haya elegido el peor para el cargo más importante del Estado? ¿Castillo sería inexplicable sin la patología social que ha permitido una indiferencia general ante la persecución de nuestros soldados de por vida? Muchos oficiales y soldados que lucharon contra el terror empiezan a morir de ancianos, judicializados por haber defendido la paz y la libertad en las áreas rurales en donde el comunismo terrorista había desatado genocidios y un control polpotiano. 

Y la persecución a nuestros soldados continúa, tal como se revela en el hecho de que alrededor de 300 efectivos y oficiales que, luego del golpe fallido de Castillo, detuvieron a las milicias que pretendían quemar aeropuertos y bloquear carreteras para estrangular a las ciudades, hoy enfrenten procesos interminables y algunos de ellos, incluso, padecen prisiones preventivas. Todos sabemos que el objetivo de la violencia era quebrar la Constitución y convocar una constituyente.

Nunca volveremos a ser una sociedad viable si no defendemos a los soldados y policías que enfrentan a los enemigos del Estado de derecho y la peruanidad. Nunca detendremos la ola criminal si no defendemos con uñas y dientes a los policías y soldados que exponen la vida en defensa de la sociedad. En ese sentido, una de las principales tareas del próximo gobierno debería ser terminar con esta barbarie. Y los magistrados con buena voluntad deberían acabar con la terrible politización de la justicia y la destructiva judicialización de la política.