El principio de autoridad y la lucha contra la ola criminal

El sistema político en el Perú padece un grave vacío de poder que se expresa en la anarquía institucional y política para enfrentar la ola criminal que afecta la vida, el cuerpo, la salud y la propiedad de todos los peruanos de toda condición. No podía ser de otra manera, luego de que desde el 2016 se sucedieran seis jefes de Estado –cuando solo correspondía dos–, se produjera un cierre inconstitucional del Congreso, un golpe de masas contra el gobierno constitucional de Manuel Merino y un intento de golpe fallido de parte del expresidente Pedro Castillo.

Ese vacío de poder se refleja, por ejemplo, en las disputas entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) en la aplicación de la ley que le devuelve la investigación preliminar a la policía. Y ese vacío de poder se revela, sobre todo, en la incapacidad del Ejecutivo de convocar a una convergencia nacional de todas las instituciones del Estado, de la sociedad y del sector privado para luchar en contra de la ola criminal.

El presupuesto del Estado destinado a la seguridad ciudadana representa alrededor de S/ 17,000 millones. Sin embargo, se calcula que, ante el avance de la ola criminal el sector privado y la sociedad gastan una cantidad similar o mayor a la señalada. Si el Estado tuviese la autoridad suficiente, ¿acaso no se podría convocar una convergencia de recursos entre el propio Estado y el sector privado para priorizar objetivos y potenciar a la policía nacional? ¿Acaso no se podría equipar tecnológicamente a las comisarías y repotenciar el armamento de la PNP?

Una de las características de la actual ola criminal es el avance del crimen organizado mediante el control de territorios a través de la extorsión y los asesinatos. En Lima y Trujillo, por ejemplo, la mayoría de las empresas de transporte comienzan a ser controladas por una o más bandas criminales. Y si bien la policía avanza en cercar a estas organizaciones, la extensión y multiplicación del fenómeno hace que la ola delincuencial continúe. En algunas zonas de Lima y otras ciudades el control territorial de la extorsión se extiende a bodegas y pequeños negocios, paralizando las inversiones y la economía en general. El Banco Central de Reserva señala que el crimen organizado representa pérdidas por 2.8% del PBI.

Es evidente que las soluciones de fondo y las reformas institucionales sobrevendrán con el cambio de gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo y el Legislativo deberían avanzar algo en la agenda pendiente en el tema, más allá de los esfuerzos heroicos de la PNP que ya empieza a rendir algunos frutos.

En el Perú falta de todo para pasar a la ofensiva en contra del crimen organizado. Por ejemplo, de las cifras del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior se puede colegir que las alrededor de 1,400 comisarías a nivel nacional no están adecuadamente equipadas. En medio de una guerra general en contra del crimen la falta de tecnología de comunicaciones en las comisarías produce un efecto terrible, igual o mayor a la falta de armamento adecuado de la PNP. Hoy existe mayor poder de fuego de parte de las bandas criminales.

Asimismo, la PNP tiene alrededor de 17,000 carros patrulleros y más de 33,000 motocicletas; sin embargo, más de un tercio de esta flota está inoperativa y cerca de la mitad casi no tiene mantenimiento. ¿Cómo se puede luchar contra el crimen organizado en estas condiciones? Igualmente, el número de policías en el país hoy es de 155 por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, la ONU recomienda 180. Y, en el caso de las cárceles la situación es de hacinamiento general. Los 68 establecimientos penitenciarios tienen capacidad de albergar 41,000 internos, pero la población se acerca a los 100,000, de ahí el hacinamiento. Imposible luchar contra la ola criminal en esas condiciones.

El Perú necesita recuperar el principio de autoridad de su Estado de derecho para alinear el trabajo de la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario en un solo puño que golpee al crimen organizado. Igualmente, para convocar a los municipios, los serenazgos y el sector privado en una gran cruzada nacional contra la ola criminal.

En cualquier caso, el país derrotó a uno de los terrorismos más cruentos y letales del planeta en los ochenta, ¿por qué entonces no podemos ganarle a la actual ola criminal?