El fracaso de la descentralización que genera informalidad

Es incuestionable que el Estado peruano es la gran falla del modelo económico y social que se implementó en el Perú desde tres décadas atrás y que, a pesar de los problemas que genera la organización estatal, posibilitó multiplicar el PBI por varias veces y reducir la pobreza del 60% de la población hasta el 20%, antes de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo y sus efectos devastadores.

El Estado con sus sobrerregulaciones y burocracias multiplicadas bloquea las inversiones y aleja a los ciudadanos de la formalidad. El Estado, pues, se ha convertido en la principal fuente de pobreza y de informalidad. El gran problema ahora es que la extendida informalidad (que puede sumar el 70% de la economía) se convierte en el espacio desde el cual avanzan las economías ilegales, tal como sucede con el desarrollo de la minería ilegal en varias regiones del país.

Una de las causas evidentes del fracaso del Estado –junto a la burocratización generalizada– es la descentralización del Estado y la creación de los gobiernos regionales. Hoy en el Perú de cada tres soles del presupuesto general de la República dos de ellos se ejecutan a través de los gobiernos subnacionales y diversas funciones del Estado han sido trasladadas a los gobiernos regionales. Por ejemplo, la formalización de las pequeñas unidades de minería.

En este contexto, es la ineficacia del gasto descentralizado el peor enemigo del modelo y una de las causas centrales del fracaso general del Estado. Por ejemplo, según el Plan Nacional de Competitividad de 2019 los déficits en infraestructuras básicas –es decir, agua, desagüe, carreteras locales, postas médicas, escuelas, entre otras– sumaban cerca de S/ 117,000 millones. Sin embargo, entre el 2019 y el 2025, se gastaron S/ 195,000 millones. En otras palabras, se invirtió más del 160% de la brecha y nada mejoró para las poblaciones. 

Las cifras son desalentadoras para la legitimidad del Estado. En cuanto a agua y saneamiento se gastó alrededor del 80% de la brecha, pero el déficit de agua y saneamiento aumentó en cerca de 1%. ¿Cómo se puede entender semejante resultado? Asimismo, el 85% de la red vial no está pavimentada y el 96% de los centros educativos y el 97% de los centros de salud de atención primaria están en estado precario. Algo más. El 85% de los hospitales tienen infraestructuras deterioradas y equipos obsoletos.

Por las cifras mencionadas es evidente que los gobiernos regionales han malgastado los recursos que provienen del sector privado –principalmente del canon regional de la minería– y, en este terrible contexto, vale preguntarse, ¿qué legitimidad, qué autoridad, puede tener el Estado para cobrar impuestos y demandar que los ciudadanos y las empresas acepten la legalidad y la institucionalidad? Es evidente que ninguna. 

El Estado, entonces, no solo bloquea inversiones generando pobreza por falta de nuevos empleos; no solo fomenta la informalidad con sobrerregulaciones y oficinas inalcanzables para los ciudadanos, sino que al malgastar el dinero que aporta el sector privado le resta cualquier legitimidad al Estado y, por lo tanto, promueve la informalidad. No es de extrañar que las regiones con índices de pobreza monetaria por encima del 40% de la población cuenten con niveles de informalidad de más del 80% de la población. En algunas regiones el Estado es tan ineficiente que la única formalidad que existe es la de los empleados públicos de la zona.

Por todas estas consideraciones, la reforma del Estado y de la descentralización debería formar parte del debate nacional. Sin embargo, se podrían aprobar algunos criterios de emergencia tal como lo propuso Gonzalo Prialé, ex presidente de AFIN, en una entrevista en este portal. Los proyectos para construir sistemas de agua y desagüe, escuelas, postas médicas y carreteras deberían estandarizarse en costos y criterios técnicos y de ingeniería, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y convocarse a licitaciones públicas para que las grandes compañías desarrollen las obras empaquetadas en las regiones. De esta manera evitaríamos que los amigos y familias de las autoridades regionales construyan las obras y malgasten los recursos.

En cualquier caso, la descentralización fallida no puede continuar.