37 candidatos y la fragmentación electoral que se viene

La reforma electoral que promovió el progresismo ha terminado liquidando los últimos restos de vida política partidaria en el país. Se acaban de cerrar los plazos para inscribir alianzas electorales y solo hubo cinco coaliciones electorales y las estimaciones preliminares nos hablan de la posibilidad de 37 candidatos en total. ¿Cómo se ha llegado a una fragmentación política de esta envergadura? Es como si alguien hubiese querido dinamitar la existencia mínima de partidos que existían en el Perú, a diferencia de lo que sucede en Chile, Colombia e incluso Bolivia.

A nuestro entender, el haber bajado la valla para la inscripción de los partidos a 25,000 firmas (0.1% de afiliados del padrón) y confiar en que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se iban a encargar de seleccionar es la causa de todos los males. Semejante propuesta buscaba convertir al Estado en el gran elector y árbitro de la vida partidaria en el país. De esta manera el grupo político que llegaba a controlar el sistema electoral –tal como sucede con algunas entidades del sistema de justicia– podía “vigilar y torcer las elecciones”, tal como se denunció en las elecciones pasadas.

El Congreso eliminó las elecciones PASO, pero quedó la floresta, todas las sobrerregulaciones y procedimientos que empoderaban a una burocracia del sistema electoral en el control de la vida de los partidos. Si a estos hechos le sumamos las sobrerregulaciones para los partidos nacionales, la eliminación del financiamiento privado abierto y transparente (parcialmente modificado por el actual Congreso), la prohibición de la reelección congresal (modificada por el Legislativo) y el fomento a los partidos regionales antes que los nacionales, tenemos el actual panorama: un sistema electoral estatal con poderes extralimitados sobre la vida civil e interna de los partidos y la consiguiente fragmentación y destrucción de la idea de partido en el Perú. 

Y si a estos hechos le agregamos la brutal judicialización de la política en el Perú, entonces tenemos la fórmula perfecta para alejar a los políticos e intelectuales con vocación de servicio de la vida pública del país.

El ahogamiento burocrático de los partidos en el Perú contrasta con el libertinaje que el progresismo defiende para las oenegés que se niegan a ser fiscalizadas por el Estado con respecto a los recursos que reciben del exterior. Incluso desarrollan campañas nacionales e internacionales para evitar que el Ejecutivo reglamente la ley sobre oenegés aprobada en el Legislativo y vigente en el país.

En las sociedades con democracias longevas y estables, la lógica es radicalmente diferente. El Estado apenas se inmiscuye en la vida de los partidos: vallas altas para el registro en el sistema electoral y plena libertad del sector privado para financiar a los partidos siempre y cuando los aportes sean bancarizados y declarados ante las autoridades tributarias.

Si bien el Congreso ha avanzado en algunos aspectos, para eliminar la burocracia se necesita una discusión para desarrollar una reforma que antes que legislación nueva consiste en desburocratizar el sistema electoral. Se necesitan vallas altas, de manera que solo las colectividades, las gestas sociales y políticas logren inscribirse en el registro electoral. Y ya sabemos que las colectividades que funcionan, que avanzan, son aquellas que tienen una unidad ideológica y programática, una visión de país más allá del interés personal o el sueño del partido propio de algún caudillo o de un empresario.

La política y los partidos políticos en una república representan el motor y la energía de las libertades. Luego de más de dos siglos de Ilustración –para bien o para mal– se ha demostrado que las sociedades libres no han inventado un sistema de intermediación entre el Estado y la sociedad alternativo a los partidos políticos, más allá de los discursos gaseosos de los activistas de las oenegés sobre “la participación ciudadana en la vida pública”. 

Los partidos siguen siendo los príncipes modernos.