El Ejecutivo acaba de anunciar que las exportaciones nacionales sumar&...
Los economistas suelen hablar de “bono demográfico” cuando en una sociedad la población económicamente activa –es decir, en edad de trabajar– supera al sector de dependientes, a los niños y los ancianos. Tal estado de cosas favorece el crecimiento y el impulso de la economía. Según el BCR, el bono demográfico le agrega el 0.3% al crecimiento del PBI; sin embargo, semejante aporte se podría multiplicar por varias veces si es que la economía desarrollara más productividad y competitividad.
La mala noticia para el Perú es que el bono demográfico (dos dependientes por cada tres trabajadores activos), según las proyecciones y estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INEI), se acabaría en el 2045. Como todos sabemos el Perú es una sociedad de ingreso medio en la que la reducción de pobreza ha sido significativa (más allá de las campañas de las izquierdas). Hoy esta lacra social inaceptable afecta todavía al 27% de la población.
Nuestra condición de economía de ingreso medio y, al margen de los fracasos del Estado en proveer servicios –sistemas de salud y previsionales–, han permitido el aumento de la esperanza de vida, mientras se reducía considerablemente la tasa de natalidad. Todos estos factores explican, según el INEI, las proyecciones del INEI acerca de que la población mayor de 60 años se duplicará hacia el 2050. De esta manera a mediados del actual siglo uno de cada cuatro peruanos será un adulto mayor.
¿Qué significa esta situación en las proyecciones de desarrollo para el Perú? La presencia de adultos mayores, sin regímenes previsionales viables ni sistemas de salud adecuados, multiplica al infinito las cargas sociales de un Estado, tal como ha sucedido en Europa antes de la llamada crisis del Estado de bienestar, que obliga a los gobiernos a desarrollar reformas y ajustes en los sistemas.
En el Perú todo se ha confabulado para desproteger a los futuros adultos mayores del país. Un Estado burocrático y una legislación laboral colectivista que se convierten en fábricas permanentes de informalidad laboral y la irresponsabilidad de las bancadas legislativas –incluso de las centro derechas– que posibilitaron un sétimo retiro de las cuentas individuales del Sistema Privado de Pensiones. Una situación que ha determinado que dos tercios de los afiliados del sistema se queden sin la posibilidad de recibir pensiones en el futuro.
Planteadas las cosas así, la reducción del bono demográfico plantea una serie interrogante a nuestras posibilidades de desarrollo. Casi todas las sociedades que han alcanzado el desarrollo en el planeta lo han hecho explotando las ventajas que otorga el bono demográfico.
¿Qué hacer entonces? Primero, acabar con el Estado burocrático que se ha convertido en la principal muralla en contra de una nueva reforma tributaria que simplifique el sistema y reduzca tasas y que también impide una reforma laboral que establezca la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo. Ambas medidas representan la posibilidad de un shock formalizador para el 80% de las micro y pequeñas empresas, que permanecen en espacios de la informalidad y emplean a casi al 80% de los trabajadores por fuera de la legalidad.
El otro gran tema de extrema urgencia es la reforma del sistema educativo y del sistema sanitario para organizar un capital social para el futuro. Es decir, una fuerza laboral saludable, educada, capacitada, capaz de innovar y competir en los mercados del mundo. Sin inversión en capital social nunca existirá capitalismo en el mediano y largo plazo.
El Perú debe despertar y, como se dice, apretar el acelerador de las reformas económicas y sociales. El comienzo del fin del bono demográfico obliga a acelerar las transformaciones. Una sociedad de adultos mayores reposa, nunca emprende grandes transformaciones, grandes épicas como demanda las transformaciones del Perú. ¡No perdamos más tiempo!
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