El muñeco de las concesiones ociosas y la minería ilegal

El pleno del Congreso acaba de aprobar en primera votación la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo, del sector Energía y Minas) hasta el próximo año. Sin embargo, la propia ampliación de un registro de formalización transitorio y su conversión, en la práctica, en uno perpetuo, plantea un grave problema para el Estado de derecho y el sistema de propiedad en el Perú. No puede existir un sistema de registro transitorio de la propiedad que se convierta en perpetuo. Imposible.

De allí que en el propio pleno del Legislativo se empiece a aceptar que en la próxima ley de la pequeña minería y minería artesanal (Ley Mape) se deberá definir el sistema de formalización minera permanente, y algunos se proponen aprobarla antes del próximo 28 de julio. Sin embargo, esta posibilidad plantea un problema: las bancadas legislativas y los congresistas apurados por la reelección parlamentaria pueden terminar cediendo ante el populismo minero –uno de los más graves– que acabaría con el actual sistema de propiedad en minería, que ha posibilitado convertir al Perú en una potencia minera mundial.

¿A qué nos referimos? Ha surgido la famosa e irresponsable tesis de “las concesiones ociosas en minería”, que nos señala que existen concesiones dedicadas a la especulación y el acaparamiento de los recursos mineros. Es decir, existen determinadas concesiones, repletas de mineral que no se explotan y he allí la causa de los problemas con la minería ilegal. Semejante tesis no resiste el menor análisis cuando, a través de las propias estadísticas oficiales, comprobamos que solo el 14% del territorio nacional corresponde a las concesiones mineras formales.

Si el 86% del territorio está sin concesionar, ¿cómo puede haber acaparadores de riqueza mineral? El problema se agrava cuando se repara que los principales conflictos con la minería ilegal se emplazan en el 10% del territorio concesionado a las empresas formales. El problema de la minería ilegal en zonas de reservas y parques nacionales depende de la autoridad del Estado. No existen políticos ni defensores señalando que hay problemas sociales por las llamadas concesiones ociosas.

Lo grave es que estos análisis que pretenden limpiar al minero ilegal del asalto y de las invasiones de propiedad privada ignoran la naturaleza universal de cualquier concesión minera. Cuando una empresa encuentra mineral, generalmente, desarrolla un denuncio minero desde el lugar en donde se halló las reservas probadas del mineral hasta 10,000 hectáreas alrededor. Con ese título de propiedad y concesión la corporación acude al sistema financiero mundial para conseguir financiamientos que van entre los US$ 1,200 millones a más de US$ 10,000 millones (ninguna empresa formal tiene en caja ese dinero). Conseguido el financiamiento la empresa comienza a explotar el mineral mientras desarrolla una incesante exploración en busca de ampliar las reservas probadas del mineral.

El objetivo de la empresa es uno solo: ampliar la vida útil de la mina, la rentabilidad de la corporación luego de pagar la deuda en el sistema financiero internacional. De esta manera las empresas de talla mundial incrementan las reservas probadas de los proyectos, aumentan las reservas de mineral de un país, benefician al incremento de la recaudación y a las poblaciones y convierten a los estados en potencias mineras mundiales. Ese es el sistema de propiedad que ha posibilitado que Canadá, Australia, Chile y el propio Perú, se conviertan en potencias del mundo en producción de minerales.

En Bolivia la falta de este sistema de concesiones ha derrumbado a una posible potencia en gas. En el altiplano no hay gas para exportar ni dólares para importar combustibles.

En ese sentido vale subrayar que, en el preciso momento en que los asaltantes e invasores de las concesiones avanzan con el objeto de aprovecharse del trabajo de otros -las reservas probadas conseguidas luego de años de exploración-, surge la teoría de las concesiones ociosas como reeditando el pensamiento económico de Evo Morales. Es decir, un criterio que de ninguna manera debe considerarse en la próxima ley Mape.

El Congreso entonces tiene una gigantesca responsabilidad: no se debe ampliar el Reinfo y convertirlo en un registro perpetuo porque la pertenencia a este registro exonera de las responsabilidades penales del delito de minería ilegal a quienes invaden y asaltan concesiones, a quienes roban el trabajo y la inversión de décadas de otros. ¡Si se permiten estos criterios se habrá liquidado la minería moderna en el Perú!