Apatía frente a la mortalidad materna

El Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana 53 (28 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026) ha presentado el estudio "Situación de la mortalidad materna. Perú 2025 (SE 53)", elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú) del Ministerio de Salud (Minsa). El estudio ofrece un análisis de la muerte materna en el Perú. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define como "La muerte de una mujer durante el embarazo o dentro de los 42 días posteriores a la finalización del embarazo, cualquiera sea la duración y la ubicación del embarazo, por cualquier causa relacionada con el embarazo o sus manejos, o agravada por el embarazo o sus manejos, pero no por causas accidentales o incidentales". Este indicador revela el resultado de la forma cómo está organizada la sociedad y su existencia social, porque es un determinante social de salud, que refleja, en gran medida, la eficacia del gobierno. Hay que tomar en cuenta que la forma de enfrentar la mortalidad materna, involucra, no solo a la salud pública, sino, a los aspectos del comportamiento humano, a la ideología, a la   moralidad, a los derechos humanos, a la religión, a las estructuras de poder y al rol de la mujer, incluso a los modelos de desarrollo.

En Perú, las cifras globales del estudio de mortalidad materna revelan una tendencia alentadora. Durante el año 2024 se notificaron 244 muertes maternas al sistema de vigilancia epidemiológica, representando una disminución de 7.6% comparado con el mismo periodo del año 2023, lo que equivale a 20 mujeres salvadas. Sin embargo, la reducción más significativa se observa en lo que va del año 2025, donde se registraron 209 muertes maternas, lo que implica una disminución del 14.3% respecto al año anterior, es decir, 35 vidas preservadas. Las cifras reflejan un comportamiento decreciente frente al drama histórico de la mortalidad materna, pero, no es una reducción óptima porque aún se producen muertes evitables.  

En esa línea, el análisis por regiones evidencia inequidades. El mayor número de muertes maternas en 2025 ocurrió en Loreto con 34 casos, seguido de Lima con 31, Cajamarca con 16, Piura con 14 y Puno con 13. Estas cinco regiones concentran el 51.7% del total de defunciones del periodo. Sin embargo, cuando se examina la procedencia de las pacientes fallecidas, el panorama se modifica ligeramente: Loreto mantiene su posición crítica con el mayor número de muertes, pero Lima registra solo 15 procedencias, mientras que Piura contribuye con 13, Puno con 12, Cajamarca con 11 y Cusco con 9. El análisis cruzado entre ocurrencia y procedencia confirma que Loreto sigue siendo una región con un serio y persistente problema de mortalidad materna. 

Otro aspecto preocupante es la vulnerabilidad de las adolescentes. Si se examina la distribución por grupos de edad, se observa que entre los 12 y 17 años ocurrieron 14 muertes maternas, representando el 6.7% del total. El rango de 18 a 29 años registró 90 muertes (43.1%), mientras que el grupo de 30 a 59 años concentró 105 defunciones (50.2%). Aunque la cifra de 6.7% de muertes en niñas y adolescentes durante 2025, frente al total de muertes maternas, puede dar la sensación de avance, sin embargo, no lo es. Desnuda la desprotección de la niñez y la pasividad e impunidad frente a la violencia sexual.

En Lima, Ucayali, Lambayeque, Arequipa, Ica, Huancavelica, Áncash y Callao, hasta el 75% de las muertes se produjeron en el puerperio. Por el contrario, en regiones como Piura, Junín, Amazonas, Ayacucho y Madre de Dios, más del 40% de las defunciones maternas, ocurren durante el embarazo, sobre el promedio nacional. El 73.3% de las muertes maternas ocurrieron en hospitales, principalmente en establecimientos del Minsa y de los gobiernos regionales. 

El Estudio da cuenta de una muestra de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024 que revela qué, en los últimos cinco años, el 97.9% de mujeres en zonas urbanas y 94.0% en zonas rurales recibieron atención prenatal calificada. Además, el 87.8% de las gestantes recibió al menos 6 atenciones prenatales y el 80.9% inició su control en el primer trimestre. El dato paradójico que emerge del estudio es que el 42% de las muertes maternas ocurrieron en gestantes que habían cumplido con la atención prenatal mínima requerida, con más de seis controles. Las causas principales fueron hemorragia obstétrica (29.7%) y trastornos hipertensivos (15.9%). 

El estudio presenta cinco conclusiones oficiales, aunque dos de ellas con problemas de redacción que generan interpretaciones contradictorias. La primera conclusión valida la tendencia decreciente de los últimos años de la mortalidad materna, exceptuando el periodo del covid-19. La segunda señala que, a pesar de la reducción nacional, regiones como Loreto y Cusco muestran incrementos comparados con 2024. La tercera afirma que los fallecimientos ocurrieron principalmente en la etapa del puerperio y en establecimientos de salud del segundo nivel, además, el Estudio compara esta cifra con una supuesta disminución de muertes extra institucionales, en consecuencia, podría interpretarse erróneamente como una recomendación para no acudir a los establecimientos de salud.

La cuarta conclusión resulta incierta y confusa al señalar que “las muertes maternas se producen principalmente en mujeres que recibieron atención prenatal”, sugiriendo implícitamente que el control prenatal no garantiza la supervivencia, cuando debe enfatizarse la mejora de la calidad de Atención Prenatal (APN) más que su sola recepción. La quinta conclusión reafirma que hemorragias y trastornos hipertensivos siguen siendo las principales causas de muerte materna.

La mortalidad materna no es solo un problema médico, sino también intersectorial, social y comunitario, pero el Minsa dispersa los esfuerzos para luchar contra el problema. Por un lado, Seccor del Consejo Nacional de Salud opera sus 1,892 Comités Distritales de Salud (CDS) que coordinan y articulan con otros sectores e instituciones sociales, con agentes locales y comunitarios, casas de espera con pertinencia intercultural y con el liderazgo del alcalde. (DS 032-2020-SA). Por otro lado, la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud crea los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal (RM 258-2014/Minsa) con 23% de municipalidades.  La dispersión y el conflicto surge del desconocimiento de la naturaleza de cada uno. Mientras los comités distritales de salud son espacios de coordinación y articulación de la política multisectorial de salud, los Centros de Promoción y Vigilancia comunal son espacios de intervención técnica. En lugar de confrontar están deben complementarse y sumar. ¡Más coherencia en la gestión y en la interpretación de sus propios estudios!