La minería ilegal y la política que destruye el Estado de derecho

Las investigaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) nos señalan que la minería ilegal ha exportado el año pasado alrededor de US $12,000 millones en oro, una cantidad igual al de las exportaciones formales de este mineral. En otras palabras, la minería ilegal en oro se ha desbordado en todas las regiones del país y las instituciones del Estado de derecho, sobre todo las entidades vinculadas a la seguridad y la justicia, se muestran incapaces de controlar este flagelo que afecta a más de siete regiones del país. Vale anotar que a inicios del 2026 el precio de la onza de oro ha superado los US$ 5,000.

Pero no solo se trata del oro, sino también del cobre. La minería ilegal con respecto al metal rojo el año pasado se ha expandido de manera dramática, sobre todo en las minas del llamado corredor minero del sur, que producen cerca del 40% del cobre nacional. La falta de pago de impuestos, las economías ilegales paralelas que desencadena la minería ilegal, la trata de personas, la destrucción del medio ambiente para las siguientes generaciones y la falta de empleo formal también afecta a determinas áreas de las regiones productoras de cobre. A inicios de este año el precio de la libra de cobre ha oscilado entre los US$ 5.90 y los US$ 6. 

Sin Estado de derecho, sin instituciones que defiendan la Constitución y las leyes nacionales –es decir, el derecho de las concesiones formales que padecen asaltos e invasiones de los mineros ilegales– el problema de la minería ilegal no tiene ningún viso de solución en el corto plazo. Peor todavía con los precios de los minerales en trepada.

En este devastador escenario la minería ilegal ha superado largamente la rentabilidad de las demás economías ilegales, entre ellas el narcotráfico, la tala ilegal y la trata de personas. Ahora son los acopiadores y los grandes de la ilegalidad quienes controlan la minería ilegal destrozando el sistema de propiedad nacional; sin embargo, si las cosas continúan por este camino, ¿alguien tiene duda de que mañana serán los cárteles mundiales del crimen los dueños del negocio de la minería ilegal? Ese escenario se presentará con la misma certeza que existe sobre la ley de la gravedad, un escenario que indicará que otra vez se habrá construido un Estado fallido, incapaz de hacer prevaler la Constitución, las leyes y los derechos de propiedad en el Perú.

A diferencia de las demás economías ilegales, la minería ilegal tiene un discurso social y político lo que le posibilita desarrollar diversas estrategias de poder. ¿A qué nos referimos? El discurso de la ilegalidad pretende señalar que “la existencia de la minería ilegal se explica por la exclusión de los pequeños mineros por los grandes”. Una mentira de principio a fin. En el Perú apenas el 14% del territorio nacional corresponde a concesiones mineras –en otras palabras, existe un enorme universo para desarrollar minería de diverso tipo– y los conflictos que desata la minería ilegal se producen por las invasiones y asaltos en el 10% del territorio concesionado en donde las empresas formales han desarrollado una intensa labor de exploración, ampliando las reservas probadas de mineral.

Este supuesto discurso social le posibilita a la minería ilegal proponerse financiar e influir en bancadas legislativas, movimientos regionales e instituciones claves de nuestra institucionalidad. En el presente proceso electoral la minería ilegal parece haberse convertido en un actor fundamental del financiamiento de las campañas electorales, sobre todo por la falta de apoyo y distancia de las empresas formales, luego de la brutal judicialización de la política que desarrolló el progresismo en las últimas décadas.

Es evidente, pues, que así como alguna vez el terrorismo y el narcotráfico amenazaron la viabilidad de la sociedad peruana, hoy la minería ilegal es un soberbio enemigo del Estado de derecho y la viabilidad del país. ¡Es hora de reaccionar!