El saqueo de los recursos del Estado en las regiones

Si las regiones hubiesen cumplido los estándares mínimos en la inversión pública con respecto a los proyectos de infraestructuras básicas todos los déficits vinculados al agua potable, el desagüe, los colegios, las postas médicas y las carreteras se habrían resuelto varias veces. 

Gonzalo Prialé, ex presidente de Asociación de Fomento de las Inversiones en Infraestructuras (AFIN), en una reciente exposición en Grade, acaba de presentar cifras realmente aterradoras y que revelan dos cosas: que el Estado está repleto de recursos por los impuestos que paga el sector privado, y que en las regiones hay un saqueo sistemático de esta riqueza que producen las empresas y los ciudadanos. He allí la explicación del porqué no hay agua ni desagüe ni carreteras en muchas regiones del país.

En su exposición Prialé señaló que en el Plan Nacional de Infraestructura de Competitividad del 2019 se estimó una brecha de S/ 117,000 millones para los siguientes cinco años y una brecha de veinte años de S/ 363,000 millones. Y he aquí lo increíble: en el periodo 2019 y 2025 el Estado gastó alrededor de S/ 312,000 millones en proyectos. ¿Por qué las brechas continúan? ¿Hacia dónde se fue ese dinero para el agua y el desagüe de los más pobres?

Según Prialé el Perú invirtió en el 2024 cerca del 5% del PBI en proyectos de infraestructuras superando el promedio de inversiones de países de la OCDE, de Brasil, Chile y Colombia. Sin embargo, el 60% de la ejecución de ese gasto se desarrolla a través de gobiernos regionales y los recursos se van como agua por los caños.

Según un informe presentado por el Banco Mundial en el que se desarrolla un balance de la inversión pública del Estado entre el 2012 y el 2023 se establece que el 45% de los proyectos estaban abandonados; es decir, más de 62,000 obras. Una inversión que representa el 17.3% del PBI. Si consideramos el ritmo actual de inversiones en infraestructuras (5% del PBI), los proyectos abandonados equivalen a más de tres años de inversión pública.

Es evidente, es incuestionable que, en el saqueo o dilapidación en las regiones de los recursos que produce el sector privado, está la explicación acerca de que alrededor de 11 millones de peruanos carezcan de servicios de agua potable y desagüe. Hay ingentes recursos que aporta el sector privado, sin embargo, la ineficiencia y la corrupción en los gobiernos regionales se han convertido en los principales enemigos de los pobres.

¿Qué significa esta trágica realidad? Que la tesis que solemos repetir en este portal se confirma una y otra vez por los golpes de la realidad. El problema del modelo peruano no está en el régimen económico de la Constitución ni en el sector privado que aporta el 80% de los ingresos fiscales, sino en el Estado, en su burocracia, en sus procedimientos y sobrerregulaciones. La tragedia está en la destrucción del Estado unitario a través de una descentralización y regionalización ideológicas. El Estado es el enemigo de los peruanos y, sin el aporte del sector privado, el Perú ya se habría derrumbado.

Con la regionalización no fue necesario avanzar en la llamada república plurinacional que propone el antisistema y el eje bolivariano –a través de una asamblea constituyente– porque han surgido 24 republiquetas en donde se saquean los recursos nacionales que produce la minería, la agroexportación, la pesquería y el sector privado en general. Un saqueo que perpetúa la pobreza, que condena a millones de peruanos a carencias de agua, de desagüe, de buenas escuelas, de postas médicas y carreteras.

Si se hubiese invertido correctamente los recursos destinados a las infraestructuras básicas entre el 2019 y el 2023 el Perú en cuanto a infraestructuras hubiese superado a cualquier país de la región. Sin embargo, allí está la fracasada regionalización para recordarnos las oportunidades perdidas que se construyen en nuestra sociedad.