Sedapal y las EPS: el fracaso estatal del agua

El Perú mantiene una deuda elemental con sus ciudadanos: garantizar agua potable y desagüe. En la exposición presentada desde Sunass ante el Congreso en mayo de 2026, con información de 2025, se identificaron 3.3 millones de personas sin acceso al agua y 6.6 millones sin alcantarillado. Adicionalmente, 1.6 millones de personas con acceso recibían el servicio menos de seis horas diarias. Por otra parte, un análisis publicado por APOYO Consultoría en abril de 2024, calculó que 25 millones de peruanos carecían de acceso continuo a agua potable de calidad, considerando disponibilidad permanente y un nivel seguro de cloro. De ellos, 18 millones residían en zonas urbanas.  Estas cifras exponen el fracaso del Estado en universalizar un servicio indispensable para la salud y el desarrollo.

Sedapal concentra una contradicción de ese modelo. En 2024 obtuvo S/ 778 millones de utilidad neta, frente a S/ 470 millones en 2023, mientras su índice de cumplimiento global de metas de gestión alcanzó apenas 48.49%. Desde Sunass se documentó que cerca del 54% del incremento de utilidades se explicó por el aumento tarifario de 8.4% aplicado en enero de 2024. La empresa incrementó sus ganancias con una contribución importante del usuario, manteniendo un desempeño regulatorio insuficiente.

La protección de los hogares vulnerables también presentó fallas. En la fiscalización de subsidios cruzados de Sedapal realizada en 2024 se identificaron 20,109 conexiones afectadas por cobros excesivos. Las medidas correctivas impuestas desde Sunass permitieron devolver S/5.6 millones correspondientes al período septiembre de 2022-septiembre de 2024. La propiedad estatal, por tanto, tampoco aseguró una aplicación correcta de los mecanismos destinados a proteger a los usuarios.

El problema se extiende a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, conocidas como EPS, responsables de operar los sistemas urbanos de agua y alcantarillado. Según datos de Sunass de septiembre de 2025, únicamente ocho de las 50 prestadoras evaluadas alcanzaron el umbral de cumplimiento global de metas de 85%. Entre 2016 y 2024, las prestadoras distintas de Sedapal ejecutaron apenas 31% de sus inversiones programadas. La baja ejecución prolonga la distancia entre los recursos presupuestados y las obras necesarias.

Este desempeño evidencia deficiencias de la gestión descentralizada del saneamiento en la preparación, contratación y administración de obras. En Lambayeque, desde la Contraloría se documentó un perjuicio de S/ 1.84 millones en el proyecto de agua y alcantarillado para 12 localidades de la vía Chiclayo–Pomalca, cuya inversión ascendía a S/ 56 millones. Las demoras atribuidas a funcionarios de Epsel en resolver consultas técnicas generaron ampliaciones por 245 días y obligaron a reconocer mayores gastos generales al contratista, postergando los beneficios para más de 24,000 personas. En otra intervención, a cargo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, se identificó la exclusión irregular de tres postores y la adjudicación a un consorcio que incumplía requisitos técnicos mínimos; la obra permanecía paralizada desde junio de 2024, según el balance publicado en octubre de 2025. Ambos casos muestran cómo las fallas en decisiones administrativas concretas pueden encarecer contratos y detener infraestructura financiada. Estos resultados cuestionan la capacidad de las entidades involucradas para convertir sus competencias y presupuestos en servicios efectivos, y respaldan exigir capacidad técnica, competencia transparente y responsabilidades verificables en la gestión descentralizada. 

El deterioro operativo agrava esa situación. En 2024, EPS Grau en Piura registró 59% de agua no facturada y una continuidad promedio de 12,4 horas diarias; en Tumbes, los indicadores alcanzaron 69.94% y 8.97 horas, respectivamente. El agua no facturada comprende pérdidas físicas y comerciales. Son deficiencias que exigen mantenimiento, medición y control de conexiones, tareas cuyo cumplimiento permite evaluar directamente la calidad de cualquier operador.

La fragmentación de la gestión descentralizada y los resultados de las concesiones ofrecen elementos para ampliar la participación privada en saneamiento. En el análisis publicado desde APOYO Consultoría en abril de 2024 se identificaron 50 EPS y 319 prestadores urbanos adicionales, una dispersión que dificulta compartir fuentes de abastecimiento, desarrollar infraestructura conjunta y reducir costos operativos, conforme al diagnóstico del Banco Mundial recogido en el documento. Además, 18 EPS tenían desactualizados sus planes maestros optimizados y otras siete carecían de ellos, debilidades que limitan la preparación de proyectos y la continuidad de las inversiones. 

Cerrar las brechas de agua y saneamiento en el ámbito de las prestadoras requeriría S/ 138,000 millones durante treinta años, conforme a la estimación presentada desde Sunass en 2025. 

Si el Estado fracasa en todo, la conclusión es incuestionable: hay que crear mercados de agua, focalizar subsidios en los más pobres y convocar al sector privado.