El sector privado en las Redes Integradas de Salud

El 29 de octubre de 2026 se desarrolló en Lima la segunda edición del Foro Internacional de Salud, un encuentro de carácter privado que reunió a representantes del sector prestador privado, de la academia y de autoridades del sector público. La organización principal recayó en el Estudio Monroy y Shima Abogados, titular de la marca registrada del foro, junto con la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Contaron además con el respaldo institucional de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, presidida por el doctor Jorge Ruiz Portal, y del Centro Médico del Trabajador. Estos actores buscan generar un espacio permanente de diálogo que les permita influir en la agenda regulatoria del sector salud, especialmente en temas de “permisología”, compras estratégicas, interoperabilidad y transformación digital, al tiempo que posicionan al sector privado como un aliado estratégico del sistema de salud y no solo como un prestador de servicios.

La capacidad del estudio de abogados, con experiencia en controversias de salud, combinada con la legitimidad académica de la universidad y el peso gremial de la asociación de clínicas, ha logrado que el Ministerio de Salud (Minsa) participe de manera oficial. En esta segunda edición, el Minsa estuvo representado por el jefe de Gabinete, Luis Quiroz Avilés, quien ya había participado en la primera edición del mismo Foro a la sazón, ministro de Salud y subrayó la necesidad de un trabajo articulado entre el Estado, la academia y el sector privado. Además, el Minsa eligió este escenario para presentar el plan para lograr “una historia clínica electrónica única, interoperable y transfronteriza”, como evidencia del valor que le asigna a este espacio de interlocución, de legitimación y de recepción de propuestas.

En el desarrollo del Foro se escucharon planteamientos sobre la salud digital y, de manera relevante, el análisis de la política de Redes Integradas de Salud. En esa línea, la exministra Midori de Habich señaló: “¿Cómo incorporamos al sector privado en esa reforma (de Redes Integradas de Salud)? Porque es una reforma, efectivamente, y la reforma cuesta. Entonces hay que decidir si queremos dar pasos reales hacia esa reforma o si consideramos que el costo es muy alto y, en ese caso, dejamos de hablar de compra estratégica y hablamos de otras modificaciones o mejoras menores.” En ese sentido, según Midori de Habich, “el tema de que las Redes Integradas de Salud sean realmente integradas parece lejano al de la compra estratégica, pero está muy relacionado con el siguiente cambio que el sistema necesita”. Es decir, se expuso una visión que tiende a presentar como una necesidad la reforma de las Redes Integradas de Salud y la incorporación efectiva del sector privado como un paquete costoso y de alto riesgo político. Como se puede apreciar, esta posición de la exministra resulta contraproducente.

En primer lugar, la Política de Redes Integradas de Salud tiene continuidad desde la Ley 30885, que las estableció en 2018, aunque ya se había incorporado en el Reglamento de Organización y Funciones del Minsa desde 2017, a pesar de los cambios de ministro y de gobierno. Plantear ahora una reforma de esta política, como si el problema fuera conceptual o de diseño, reabre debates ya zanjados y debilita su implementación. Al contrario, corresponde exigir al Minsa la ejecución de lo ya normado. Por ejemplo, la promulgación del reglamento pendiente de integración de establecimientos privados a las Redes Integradas de Salud. El Decreto Supremo 019-2024-SA, que aprobó el reglamento de las Redes Integradas de Salud, incluye en su ámbito de aplicación a los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo públicos y privados, estos últimos, que se integrarán de manera progresiva. Ordena, además, que en un plazo de 180 días se apruebe la normativa específica para la integración de los establecimientos privados. Ese plazo ya venció con creces y la norma operativa sigue pendiente.

Mientras tanto, la participación del sector privado permanece en el terreno de los convenios caso por caso o del intercambio prestacional, sin reglas claras de entrada, de estándares, de retribución ni de rendición de cuentas. Los planteamientos del foro que enfatizan el alto costo de incorporar al privado y sugieren abandonar ambiciones de compra estratégica si el costo es elevado chocan con esta realidad normativa. El reglamento ya abrió la puerta; lo que falta es la voluntad de dictar las reglas de juego y de avanzar en la modernización de la gestión administrativa, como es el caso de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) en Lima. Como se puede apreciar, no se necesita reformar el modelo de Redes Integradas de Salud, porque el sector privado ya está incorporado normativamente.

En segundo lugar, las Redes Integradas de Salud son, en su núcleo, un modelo de organización prestacional orientado a la cartera de servicios, a la continuidad asistencial, a la resolución por niveles de complejidad y a una población asignada, así como a la gestión de los determinantes sociales de la salud. La gestión administrativa de soporte sigue concentrada en las Direcciones de Redes de Salud en el caso de Lima y su equivalente en las regiones. Esa separación de la parte prestacional de la parte administrativa permite avanzar en la modernización de la gestión, incluyendo esquemas de asociación público-privada o de tercerización, sin necesidad de reformular la Política de Redes Integradas de Salud. La continuidad de esta política desde 2017 constituye un activo poco frecuente en el sector. Sería un despropósito debilitarla con nuevos ciclos de rediseño cuando lo que realmente falta es implementación.

En tercer lugar, es necesario implementar una serie de líneas de acción para ejecutar lo ya normado, cerrar vacíos regulatorios, modernizar la gestión administrativa y alinear la salud digital y la participación privada con el modelo de redes integradas existente.

La primera línea de acción consiste en dictar de inmediato el reglamento pendiente de integración de establecimientos privados a las Redes Integradas de Salud, con reglas claras de acreditación, estándares de calidad, mecanismos de pago, indicadores de resultado y rendición de cuentas. De esta manera se cumple con el Decreto Supremo 019-2024-SA, que ordena que en un plazo de 180 días se apruebe la normativa para la integración de los establecimientos privados.

La segunda línea de acción es separar con nitidez la gestión prestacional de las Redes Integradas de Salud (RIS) de la gestión administrativa de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima. Las Diris tienen los mecanismos para explorar contratos de gestión o asociaciones público-privadas para la administración logística, el mantenimiento y las contrataciones, entre otros.

La tercera línea de acción apunta a fortalecer la cartera de servicios, la resolución de las intervenciones de complejidad en el primer nivel de salud, el cuidado y la atención de los pacientes crónicos y la reducción de hospitalizaciones evitables, con metas explícitas y seguimiento público. Implementar la sectorización territorial y el Modelo de Cuidado Integral por curso de vida dentro de las Redes Integradas de Salud, con trazabilidad digital y metas de cobertura y calidad.

La cuarta línea de acción consiste en institucionalizar la gestión de los determinantes sociales de la salud dentro de las Redes Integradas de Salud, con la implementación, en su territorio asignado, de la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 “Perú, País Saludable”, con planes territoriales de intervención y con presupuestos articulados. En ese sentido, el Análisis de Situación de Salud (ASIS) es un insumo técnico que da sustento a las Prioridades Distritales de Salud y permite la selección y aprobación de los Productos Situacionales de la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 (PNMSP) “Perú, País Saludable”. El Comité Distrital de Salud (CDS) define las prioridades, las debate y las aprueba. Para tal fin se seleccionan, del Catálogo Nacional de Productos Situacionales (RM 898-2025-MINSA), las fichas que mejor respondan a los problemas priorizados. El criterio principal es su correspondencia con las prioridades sanitarias definidas. De esta manera se aprueba la Agenda Distrital, que se aprueba mediante una Resolución de Alcaldía para asegurar su implementación y seguimiento, y como insumo para el componente de salud de los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC) y los Planes Operativos Institucionales (POI), asegurando de esa manera el financiamiento y la sostenibilidad de las intervenciones.

La quinta línea de acción consiste en convertir los Comités Distritales de Salud en espacios de gobernanza territorial, con representación de prestadores públicos y privados, de la sociedad civil y de los gobiernos locales, y con capacidad de incidencia en la priorización de la cartera de servicios y en la vigilancia de resultados.

La sexta línea de acción consiste en articular la transformación digital, la historia clínica electrónica interoperable, la telemedicina y la receta médica electrónica con la lógica de Redes Integradas de Salud, de modo que la información fluya entre niveles y prestadores, públicos y privados, y permita la continuidad asistencial, la compra estratégica basada en resultados y la rendición de cuentas por población a cargo. ¡Cumplir y actuar!