Proteger al ciudadano sin renunciar a la justicia

La legítima defensa plantea una pregunta esencial para cualquier Estado de derecho: ¿cómo proteger a quien enfrenta una agresión injusta sin convertir la reacción defensiva en una autorización ilimitada para ejercer violencia? El Decreto Legislativo N° 1743, publicado el 8 de noviembre de 2026, claramente reabre la discusión en el Perú al modificar el artículo 20, numeral 3, del Código Penal, así como establecer las nuevas garantías para quienes defienden sus derechos o los de terceros.

Desde luego, el cambio más significativo es la presunción de racionalidad de la defensa. Si una persona actúa para impedir o repeler una agresión actual, ilegítima y real, la ley presume que empleó racionalmente el medio defensivo; corresponde al Ministerio Público demostrar lo contrario. Además, esta regla no elimina la investigación de los hechos, pero modifica el punto de partida de su valoración. Pues bien, quien se defiende no debe ser tratado automáticamente como si hubiera actuado al margen del derecho.

La norma también exige abandonar una comparación mecánica entre los medios del agresor y los del agredido. Una agresión no se desarrolla como un ejercicio académico, con tiempo suficiente para sopesar opciones. Por eso, la intensidad del peligro, la conducta del atacante y los bienes jurídicamente protegidos deben claramente examinarse desde las circunstancias que enfrentó la persona al reaccionar, no desde la comodidad de una reconstrucción posterior.

Sin embargo, existe, una distinción fundamental: presunción de racionalidad no significa impunidad. La legítima defensa continúa sometida a requisitas concurrentes, incluida la ausencia de provocación suficiente. Inclusive tampoco puede invocarse cuando la agresión ha terminado o para justificar represalias. El derecho protege la reacción necesaria frente a un peligro actual; no ampara la venganza. Por eso, una valoración rigurosa beneficia tanto a quien se defendió legítimamente como a la sociedad que exige justicia.

En el plano procesal, la modificación del artículo 344 del Código Procesal Penal introduce una garantía de especial utilidad. Cuando el fiscal compruebe la concurrencia de los presupuestos legales de legítima defensa, deberá disponer que no procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria y archivar lo actuado. Además, esto puede impedir que una persona soporte innecesariamente los costos emocionales, económicos y familiares de un proceso prolongado cuando los hechos revelan una actuación justificada.

Ahora bien, la efectividad de la reforma dependerá, por tanto, de su aplicación responsable en el momento. Fiscales, policías y jueces deberán preservar evidencias, escuchar a los involucrados y distinguir entre una defensa jurídicamente amparada y una reacción que excede sus límites. Inclusive, no bastará con invocar el nuevo texto legal: será indispensable argumentar y probar con la debida seriedad.

Es importante mencionar que una sociedad democrática necesita combatir la criminalidad y garantizar, de forma simultánea, que las respuestas defensivas respeten el ordenamiento jurídico determinado. Por eso, el Decreto Legislativo N.º 1743 ofrece una oportunidad para precisar ese equilibrio: protege a quien enfrenta una agresión sin renunciar al examen imparcial de lo ocurrido. Pues bien, el verdadero propósito de la legítima defensa no es reemplazar a la justicia, sino más bien impedir que quien actúo conforme a derecho quede desprotegido ante ella.