Crear confianza es una tarea ciudadana

La experiencia suiza resulta particularmente instructiva en este punto. Allí, la lentitud de algunos procesos no es necesariamente una falla, sino el precio de incorporar a comunidades diversas y asegurar que las decisiones gocen de legitimidad. El federalismo distribuye el poder; la democracia directa obliga a consultar; la autonomía local acerca la responsabilidad al ciudadano. El sistema no elimina los conflictos, pero crea mecanismos para resolverlos sin que cada desacuerdo amenace la existencia del conjunto.

No se trata de trasladar ese modelo al Ecuador. Nuestra historia, estructura territorial y cultura política son distintas. Pero sí podemos extraer una lección: la diversidad no tiene que convertirse en fragmentación cuando existen instituciones que permiten participar, negociar y asumir responsabilidad. El centralismo puede producir una apariencia de unidad mientras acumula resentimiento y dependencia. La descentralización responsable, en cambio, puede transformar la diversidad en una fuente de experimentación y aprendizaje.

Descentralizar no significa simplemente transferir recursos o multiplicar administraciones. Significa acercar decisiones y consecuencias. Una comunidad difícilmente aprenderá a gobernarse si puede atribuir todos sus problemas a una autoridad distante, mientras reclama recursos sin asumir responsabilidad por su uso. La autonomía auténtica exige capacidad de decisión, rendición de cuentas y una ciudadanía dispuesta a vigilar a sus autoridades cercanas con el mismo rigor con que observa al gobierno nacional.

En este punto, mi propia experiencia de haber vivido durante muchos años en Estados Unidos y Europa me obliga a introducir una advertencia. Desde lejos, solemos mirar sus instituciones como si fueran el producto natural de una sociedad ordenada. Pero el orden que admiramos no nació de una característica misteriosa de sus habitantes. Es el resultado de una larga educación cívica, de responsabilidades distribuidas y de la repetición de prácticas mediante las cuales el ciudadano comprende que el Estado no es una entidad ajena: también es su obra.

Esa relación modifica incluso las pequeñas conductas. Pagar impuestos, respetar el espacio público, participar en una decisión local o cuidar los bienes comunes dejan de percibirse exclusivamente como una imposición. No porque desaparezca la inconformidad;hasta en los países más avanzados discuten y discrepan intensamente, sino porque existe una conexión más visible entre la decisión, el aporte y el resultado. La confianza se alimenta cuando el ciudadano puede observar qué ocurre con su contribución y exigir cuentas a quienes la administran.

En Ecuador, por el contrario, la distancia entre el ciudadano y el Estado ha favorecido una relación ambivalente. Se espera mucho de la autoridad, pero se confía poco en ella. Se reclaman servicios, pero se duda de que los recursos sean bien utilizados. Se exige el cumplimiento de la ley, aunque con frecuencia se buscan excepciones cuando la norma afecta un interés propio. El Estado aparece simultáneamente como proveedor, adversario, protector y botín.

Superar esa ambivalencia no será sencillo. Exige que el Estado demuestre que puede servir sin humillar, regular sin asfixiar, cobrar sin desperdiciar y sancionar sin perseguir. Pero exige también que el ciudadano abandone la idea de que lo público no pertenece a nadie. Una institución no puede ser mejor que las conductas que la rodean durante décadas. La transformación tendrá que ocurrir en ambos sentidos: desde la autoridad hacia la sociedad y desde la sociedad hacia la autoridad.

Ese cambio no puede depender solamente de grandes reformas constitucionales. Algunas serán necesarias, pero la experiencia ecuatoriana debería habernos enseñado que modificar el texto de la Constitución no modifica automáticamente la cultura. Podemos diseñar instituciones admirables sobre el papel y vaciarlas mediante la práctica. También podemos fortalecer instituciones imperfectas si desarrollamos comportamientos que respeten su propósito.

El desafío consiste en abandonar la fascinación por la refundación. Cada vez que declaramos que todo lo anterior carece de valor, perdemos aprendizajes, destruimos capacidades y debilitamos la memoria institucional. Ninguna nación se construye empezando permanentemente desde cero. Incluso las grandes rupturas históricas necesitan conservar aquello que funcionaba, aprender de lo que fracasó y reconocer que el progreso suele ser acumulativo.