El JNE es víctima de sus propios magistrados

Cualquiera de nosotros, sin conocimientos jurídicos académicos pero con dos dedos de frente, podemos descifrar lo acontecido durante las últimas elecciones municipales empleando el sentido común. Se dice que una “reelección encubierta” pretende burlarse del Artículo 194 de la Constitución, artículo que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes. Pero no se dice con la misma contundencia que la Ley Orgánica de Municipalidades regula la sucesión de alcaldes: por la ausencia del alcalde asume el cargo el teniente alcalde o regidor inmediato. Los ciudadanos debemos asimilar que la Constitución está por encima de las leyes y sus normas. Hasta aquí todo entendible. 

En alusión a la “reelección encubierta”, se dice que “las costumbres generan jurisprudencia”; sin embargo, no siempre esas costumbres son moralmente aceptables. “Los derechos adquiridos presuponen haber sido conseguidos conforme a ley. El error no genera derecho”, sostiene el Tribunal Constitucional. Una actuación incorrecta de muchos años no la hace correcta. 

También debemos asimilar el valor de la democracia sustentada en la voluntad popular, expresada mediante el voto libre y universal. Si fuéramos una democracia decente no existirían mecanismos destinados a torcer esa voluntad. Al primer indicio de vacío, vicio, error, intención dolosa o lo que sea, las autoridades acudirían a la Constitución, leyes y normas para resolver, denunciar y castigar. Si la irregularidad no es avizorada queda consentida hasta corregirla legalmente. Y si es avizorada y no se resuelve, denuncia y castiga, ¿la irregularidad queda doblemente consentida? Sobre los procesos electorales la norma es clara: después de iniciado un proceso las reglas no cambian, y si cambian existe la alta presunción de que se quiere torcer los resultados y burlarse alevosamente de los electores.

Por tres votos contra dos el Pleno del JNE ha fulminado su alicaída credibilidad, prohibiendo, sin sustentos legales (en nuestra opinión), la habilitación de exalcaldes como alcaldes. Así, se violentaría la Ley Orgánica de Municipalidades. El presidente y dos miembros titulares actuaron arbitrariamente. ¿Cometieron el delito de prevaricato? En una columna publicada en el diario Correo, José Tello Alfaro, experto en temas electorales, advierte:“que no llame la atención tener alcaldes en ejercicio a través de acciones de amparo”.

El daño está hecho y no es la primera vez. Por la opacidad de la primera vuelta presidencial del 12 de abril (mesas de sufragio 900K) la izquierda radical ha llegado al Congreso y desde allí está dinamitando el despegue nacional. Es obra y gracia de Piero Corvetto, en la ONPE, y de Roberto Burneo, en el JNE. ¡Que sus nombres no sean olvidados!

Todo este tinglado tiene nombre propio: Rafael López Aliaga. El operativo montado no defiende la legalidad, las posiciones políticas ni, menos todavía, la voluntad popular. Se sospecha la soterrada intención de perjudicar a Rafael López Aliaga.    

Rafael López Aliaga puede ser lo que contrincantes de la “derecha” dicen de él creando animadversión, contribuyendo al deterioro de la democracia y alimentando la postura del enemigo principal. En todo caso, por López Aliaga vemos los vacíos, las vulneraciones legales y la falta de transparencia de un sistema electoral que posiblemente se haya  burlado de los electores tantas veces sin que nadie se diera cuenta y sin que nadie protestara con firmeza. 

Repetimos: la democracia se ampara en la voluntad popular por el voto libre y universal. Para esto, las elecciones deben ser predecibles y ajustadas –sin interpretaciones caprichosas– a la Constitución, leyes y normas. La democracia se desmorona si tres funcionarios públicos desprecian la voluntad de la gente.