Inmigración ilegal: una amenaza a la estabilidad de Europa

Actualmente, la inmigración ilegal representa el principal desafío social para Europa. Conforme a los datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), en el 2025 se detectaron aproximadamente 170,000 cruces ilegales en las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE). La ruta del Mediterráneo es la más activa; en esta, las bandas criminales trasladan a los inmigrantes ilegales a través del mar en naves no aptas para el viaje. Los países europeos con fronteras en el mar Mediterráneo son los más perjudicados.

En el año 2021, más de 10,000 personas ingresaron ilegalmente a la ciudad autónoma española de Ceuta en menos de 48 horas. En julio de este año, la situación se ha repetido con una magnitud hasta 9 veces mayor. Según Juan Vivas, presidente de la ciudad, los servicios públicos, como los hospitales, colapsaron; la delincuencia ha aumentado un 60 %; los residentes sienten temor de salir de sus casas, pues hay peleas en las calles y las festividades fueron suspendidas debido a que los inmigrantes ilegales instalaron sus campamentos en zonas turísticas de la ciudad. El descontento aumentó cuando el Gobierno central propuso alojar a los inmigrantes en edificios públicos mientras se resolvía su situación legal, lo cual generó el rechazo de los ceutíes, pues España ya es responsable del 20% de los cruces irregulares detectados en la UE.

En Francia, la situación no es diferente. De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior francés, los extranjeros están implicados en al menos un tercio de los delitos contra la propiedad: robo de vehículos, robo de casas y asaltos. Además, las protestas de octubre pasado dejaron como resultado cientos de policías heridos, miles de comercios afectados, el ayuntamiento de Limoges incendiado y centenares de detenidos acusados de pillaje e incendios, de los cuales más del 80% eran de origen marroquí y argelino, según el canal de televisión francés LCI. El presidente norteamericano Donald Trump acusó a los inmigrantes de causar la crisis social en el país e instó a los franceses a tomar el control de sus fronteras.

Ante el crecimiento de la inmigración ilegal descontrolada, la Unión Europea (UE) adoptó, el 10 de abril del 2024, un conjunto de normas que constituyen el Pacto sobre Migración y Asilo (PEMA), las cuales entraron en vigor el 12 de junio de 2026. Mediante ellas, estableció el «mecanismo de solidaridad», el cual obliga a los Estados miembros a elegir entre reubicar solicitantes de asilo, aportar dinero o brindar apoyo operativo. Las penalizaciones alcanzan los 20,000 euros por migrante, los cuales deberá pagar el país que lo rechace a los países que tienen mayor presión migratoria.

Pero no todos los países están dispuestos a aceptar más inmigrantes, aunque sean legales. Hungría, bajo la dirección de Viktor Orbán, afirmó que prefería pagar multas antes que aceptar más extranjeros en su país, postura que mantiene el actual gobierno de Magyar. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, también mostró su rechazo a las disposiciones del PEMA y la Comisión Europea amenazó con emprender acciones legales si no las implementaba. Bélgica, en cambio, optó por pagar el monto estipulado en el Pacto en lugar de aceptar solicitudes de reubicación. Además, el Parlamento belga ha aprobado una ley que permite a los policías ingresar en los domicilios de presuntos inmigrantes ilegales que representen una amenaza para la seguridad y el orden público.

Ignorar los efectos de la inmigración ilegal descontrolada tiene costos sociales y políticos. El ingreso irregular de migrantes y el choque entre culturas diferentes están afectando a la migración legal. Muchos países ya no están dispuestos a recibir inmigrantes debido a la saturación de sus servicios básicos, el aumento de la inseguridad y el mal manejo migratorio por parte de sus autoridades. Además, entre la ciudadanía existe la percepción de que a sus gobiernos les interesa más el bienestar del extranjero, lo que genera un ambiente de polarización.