La mano dura que incomoda a la izquierda

Durante su campaña presidencial Keiko Fujimori prometió aplicar “mano dura” contra la delincuencia que asola al país. En consecuencia, al iniciar su gobierno solicitó al Legislativo facultades para legislar en materia de seguridad y otros asuntos, incorporó al Perú al Escudo de las Américas y creó un Comando Unificado integrado por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. A ello se suman las recientes declaraciones del premier Luis Galarreta, quien resumió la postura del Gobierno frente a los delincuentes con una frase contundente: “O está preso o bajo tierra”.

Como era previsible, la oposición cuestionó estas medidas. La senadora Ruth Luque, integrante de la bancada opositora Ahora Nación, sostuvo que la adhesión al Escudo de las Américas representa un riesgo para la soberanía nacional, y acusó al canciller Espá de mentir sobre sus implicaciones. De forma similar Iber Maraví, senador de la bancada Juntos por el Perú, afirmó que la cercanía de la presidente Fujimori con los militares pone al descubierto su autoritarismo, calificando las expresiones de la mandataria como soberbias e insolentes.

Sin embargo, el debate sobre la firmeza estatal frente al crimen trasciende nuestras fronteras. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, también ha recibido críticas de la oposición y de organismos internacionales, como la ONU, la OEA y la CIDH, por sus políticas contra las pandillas. Entre sus medidas figuran el despliegue del Ejército, la detención provisional de sospechosos por parte de la Policía, la calificación de las pandillas como terroristas y la implementación del Cecot para mantener a sus integrantes alejados de la sociedad.

Los datos en conjunto de la Policía Nacional Civil, el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República de El Salvador muestran que se ha dado una caída de la tasa de homicidios durante la última década: de 106.3 muertes por cada 100.000 habitantes en 2015 a 0,97 en 2026. Asimismo, en el Informe de Seguridad Global Gallup 2025 se especifica que El Salvador figura entre los 20 países más seguros del mundo, siendo la única nación de la región que aparece en esa lista. También se reporta una reducción notable de los delitos más comunes, una mayor sensación de seguridad en las calles y una confianza del 90% en las fuerzas policiales. Aunado a esto, la población manifiesta sentirse protegida por el Ejército, un cambio significativo en un país conocido como la “capital mundial del asesinato”.

Costa Rica ofrece otro ejemplo de esta situación. Su presidente, Laura Fernández, anunció una política de “mano dura” contra el narcotráfico y el crimen organizado. Al asumir el poder, presentó proyectos de ley para proteger a los policías, encarcelar a integrantes de organizaciones criminales, endurecer las penas para reincidentes y establecer retribuciones a las víctimas mediante el trabajo de los victimarios presos. También planteó una reforma judicial ante la presunta infiltración del crimen organizado e inauguró un Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).

Estas iniciativas tampoco estuvieron exentas de críticas. Edgardo Araya, actual diputado de oposición y excandidato presidencial por el partido Frente Amplio, advirtió sobre la supuesta existencia de un contexto de autoritarismo y el temor a que Costa Rica termine siguiendo el ejemplo de El Salvador. De manera similar Jorge Araya, juez de la Sala Constitucional de Costa Rica, acusó al gobierno de buscar debilitar al Poder Judicial mediante recortes presupuestarios, lo que supuestamente facilitaría la concentración del poder por el partido gobernante, que controla el Ejecutivo y cuenta con mayoría en el Legislativo.

Las experiencias expuestas evidencian que el enfoque de la izquierda es errado. A pesar de que las estrategias de “mano dura” han mostrado ser útiles en los hechos, la oposición continúa negando que el Estado tenga mayor presencia en la lucha contra la delincuencia, optando  en cambio por reformas ineficaces. Por ello, la presidente Fujimori debe priorizar la protección de los derechos de los peruanos de bien y brindar mayor seguridad mediante reformas que, más allá de la oposición política, demuestren la eficacia de nuestras instituciones. Al fin y al cabo, como sostiene Hobbes, la seguridad del pueblo es la ley suprema del soberano; y si el país persiste en soluciones fallidas, esa función primordial del Estado difícilmente podrá cumplirse.